Ripoll no deja la concejalía y Fabra frena su designación como presidente del Puerto

A Alberto Fabra puede que se le esté agotando la paciencia con José Joaquín Ripoll, después de que personalmente negociara, con apoyos, el futuro del expresidente de la Diputación de Alicante. El pleno del Consell, el primero tras las vacaciones de buena parte de los consellers, era el que estaba marcado en rojo en el calendario para que el presidente provincial del PP alicantino dejara de engrosar oficialmente las listas del paro y pasase a ocupar las oficinas de la Autoridad Portuaria del principal puerto de la provincia tras abandonar la concejalía por la que fue elegido el pasado 22 de mayo. Pero no ha sido así porque él no ha querido.

«No hemos tratado nada en el pleno del Consell», aseguró ayer en dos ocasiones seguidas la portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, al preguntarle por si la Autoridad Portuaria de Alicante estrenaba presidente.

Así las cosas, el actual presidente del Puerto de Alicante, Miguel Campoy, ni está ratificado en el cargo por el nuevo Consell ni el Ejecutivo valenciano le ha nombrado sustituto, una decisión que, en principio y al parecer, queda aplazada no se sabe bien si para la semana que viene, un mes o toda la vida.

José Joaquín Ripoll se apuntó al paro el pasado 1 de agosto. Fue una medida de presión, reconocen desde el PP, porque la cúpula regional de los populares ya negociaba con él su nombramiento como presidente del Puerto de Alicante. Ripoll, sustentan desde el PP, quería con esa medida, dar lástima.

Pero lo que estaba previsto en un principio se ha venido abajo por una negativa del propio Ripoll. Él quería ese puesto en el Puerto de Alicante después de dejar de percibir el sueldo como presidente de la Diutación provincial y obtener solamente indemnizaciones del Ayuntamiento de Alicante por asistencia a los plenos, ya que la alcaldesa Sonia Castedo se ha negado a que el presidente provincial del PP se convierta en un concejal liberado.

Y aunque parezca fuera de toda lógica, Ripoll no desea abandonar la concejalía del Ayuntamiento de Alicante, una condición indispensable para que fuera nombrado presidente del Puerto de Alicante, entre otras cuestiones, porque ambos cargos son imcompatibles, según se desprende de la Ley Electoral.

El presidente provincial del PP de Alicante confía, apuntan diversas fuentes populares, en que la Justicia, más pronto que tarde, impute a la alcaldesa de Alicante por una rama del 'caso Brugal', la que hace referencia a la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, que afectaría a la propia Castedo y al exalcalde y diputado autonómico, Díaz Alperi.

Esa imputación motivaría bien que Sonia Castedo siguiera el camino de Francisco Camps y dimitiese, con lo que Ripoll, como número dos de la lista, aunque es concejal raso, optaría a ser alcalde, aunque tuviese a todo el grupo municipal del PP de uñas, bien que los tribunales la inhabilitasen para ejercer cargo público.

Pero, por contra, el presidente provincial del PP alicantino ya está imputado. Ripoll, al parecer, también confía en que se anulen las escuchas que sirvieron para imputarle, incluso a ser detenido, en la rama principal de la trama Brugal, la de las adjudicaciones presuntamente irregulares de concesiones de basuras en la Vega Baja.

La situación ha llegado a un punto en el que hay dirigentes del PP partidarios de que no se mueva ficha sobre José Joaquín Ripoll y congelar la salida que se le iba a facilitar después de que éste haya, con su actitud, haya lanzado un órdago tanto a la cúpula regional del PP como a Alberto Fabra como presidente de la Generalitat.

El pleno del Consell, por contra, aprobó ayer los nombramientos de Paula Meseguer como secretaria autonómica de Comunicación, de Jesús Lecha como director del gabinete del presidente de la Generalitat y de Esther Pastor como directora general de Organización y Coordinación.