19.000 alumnos en aulas prefabricadas

Faltan 12 días para que las puertas de los colegios vuelvan a ser escenario de los lloros de quienes pisan por primera vez las aulas, de los reencuentros entre compañeros y de la emoción por conocer a los nuevos maestros. El 8 de septiembre los alumnos de Infantil y Primaria de la Comunitat volverán a ocupar sus pupitres. Pero los de 19.000 estudiantes aún se ubican en aulas prefabricadas.

Porque el curso 2011/2012 arrancará con cerca de 900 instalaciones provisionales, según estima el secretario general de Enseñanza de UGT-PV, Guillermo Martí. «Al igual que el año pasado, la paralización de nuevas construcciones ha dejado grandes bolsas de estos edificios enquistados», denuncia.

Marcos, de tres años, empezará a estudiar en las aulas de planchas metálicas del colegio número 5 de Aldaia. «Es injusto. No me gusta que mi hijo tenga que estudiar ahí. No hay zonas verdes, ni asfalto en los alrededores, sólo tierra. Vendrá todos los días sucio a casa pero lo que más miedo me da es que la estructura no esté bien fijada al suelo o que la calefacción no funcione y se constipe», lamenta María, su madre.

Esta vecina de Aldaia pensaba que el pequeño iría al colegio Mariano Benlliure, situado justo enfrente de su casa. «Han trasladado el edificio a esta nueva ubicación pero sigue habiendo sólo una clase por curso. No hay suficiente capacidad para acoger a todos los niños de Infantil y nos han derivado a estas naves, que están a 25 minutos andando», se queja María.

Desde la Conselleria de Educación admiten la existencia de estas infraestructuras aunque diferencia entre las crónicas y las provisionales. «Las primeras sólo afectan a un 1,3% del total de alumnos de la Comunitat, y las otras poco a poco se van desmantelando», explican las mismas fuentes, que añaden que el objetivo es poder acabar con todos las construcciones eventuales y que en los últimos cuatro años se han levantado 400 colegios.

En la actualidad, la cartera que dirige José Císcar tiene en marcha 36 actuaciones, muchas de las cuales finalizarán este mismo curso, gracias a una inyección de 123 millones de euros. Una de estas obras de mejora es el CEIP Verge dels Desamparats de Silla, que acogerá a sus primeros alumnos el mes que viene.

Mientras, algunos padres de alumnos que se ven obligados a estudiar en clases provisionales ya han elevado sus quejas al Síndic de Greuges. Y el defensor del pueblo valenciano alerta de que lo que debería ser una situación «excepcional y transitoria» como la instalación de aulas docentes prefabricadas «en un estado de cosas que se prolonga durante años» no puede recibir «la consideración de una actuación pública regular».

Así se pronuncia José Cholbi en en respuesta a una queja del AMPA del colegio público 103 de Valencia, por la tardanza en construir el nuevo centro que permitiría abandonar las actuales clases con techo de uralita.

El Síndic pide que se adopten las medidas necesarias para que esos alumnos tengan la opción de recibir una enseñanza de calidad en la que «resulta innegable el evidente protagonismo que han de jugar las instalaciones» en las que se desarrolla la función docente.

Cholbi ha reabierto una queja que formuló el AMPA por el retraso en la construcción del nuevo colegio en una parcela cedida por el Ayuntamiento y situada junto a las naves de Cross, dedicadas a la producción de fertilizantes agrícola. La Conselleria alegó estar a la espera de saber si el terreno reunía las condiciones de salubridad. Dos años después, la asociación de madres y padres ha pedido la reapertura de la queja, ya que los niños siguen en barracones, las obras del nuevo centro no han empezado y desconocen si el suelo está contaminado.

Desde la Conselleria defienden que se está efectuando un segundo análisis para constatar que las condiciones higiénico-sanitarias son favorables. Además, asegura que en marzo se 2010 se requirió al Ayuntamiento de Valencia la documentación para continuar con la tramitación pero «no se tiene constancia de novedad alguna en relación con el expediente».

La institución comprende «que haya etapas de provisionalidad» pero subraya que «no puede alargarse indefinidamente». La misma recomendación transmite en otra queja, en esta ocasión de julio de este año, del AMPA del colegio público Santa María Magdalena del Poble Nou de Benitatxell. Los remitentes denuncian que las estructuras transitorias hace una década y siguen sin ponerse una solución. Carecen de iluminación natural suficiente, el suelo está deteriorado y no pueden usar los aparatos de calefacción y refrigeración por el ruido que producen. El Síndic también ha recibido escritos por el mal estado de algunos centros, como el San Juan de Ribera de Burjassot.

Recursos

El presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, Luis Deltell, considera que la apuesta por el sistema educativo público pasa «por asegurar las condiciones educativas, tanto recursos docentes como materiales».Desde la Gonzalo Anaya, que representa a más de 1.200 AMPAS de la Comunitat, también critican que el recorte de las plantillas docentes (se habla de una cifra que oscila entre los 900 y los 1.200) repercute «negativamente en la atención educativa a nuestros hijos por lo que pedimos que se revisen los equipos docentes para evitar aulas masificadas».

Fuentes de CC.OO.-PV alertan de que la política de recortes de la administración implicará «muchas deficiencias». Una de ellas será la reducción de grupos y el aumento de estudiantes por clase.

Martí denuncia que resulta «preocupante que se sobrepasen los ratios de alumnos por aula en la mayoría de niveles educativos» y exige un nuevo Mapa Escolar así como una planficación global para los próximos cuatro años.

La presidenta de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, explica que, como todos los años, la demanda para obtener una plaza en los colegios concertados supera a la oferta. «Las peticiones siguen siendo muy altas aunque ha habido menos problemas que otros cursos», apunta. Los principales contratiempos se están viviendo en los alumnos de cuatro años, que entran nuevos a los colegios procedentes de escuelas infantiles.

En cuanto al aumento de las ratio de las aulas, Rodríguez asegura que las peticiones para hacerlo se dan en casos concretos y «excepcionales» que concede la Dirección Territorial. «Estamos hablando de dos o tres alumnos más por clase de lo habitual», comenta. De momento, la Conselleria comenzará a construir los cinco primeros concertados en suelo público para que en 2013 empiecen a recibir alumnos.

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