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A. G. B.
Viernes, 9 de septiembre 2011, 02:14
La política internacional rara vez entiende de principios ideológicos. Según la conveniencia de cada ocasión, los intereses en juego acaban por dejar de lado los propios ideales políticos. Tal situación ha sido una de las constantes del gobierno Zapatero durante su segunda legislatura. Lo que ayer era impensable ahora es imprescindible. La última rectificación del ejecutivo socialista ha sido reconsiderar su tajante negativa de hace escasamente un año a apoyar la iniciativa del PP para limitar el gasto público por artículo constitucional.
El Gobierno ha perdido todo un año por no apoyar una iniciativa del PP para acabar claudicando de rodillas ante los apremios europeos. Y es que tras la escalada de la prima de riesgo española y las turbulencias bursátiles, el ejecutivo socialista no podía seguir echando balones fuera. Europa no iba a esperar eternamente a que España despertase por sí misma.
Así pues, el pleno del Congreso de los Diputados acordó reformar la Constitución de 1978 para que, en esencia, no se permita que el gobierno gaste más de lo que ingresa. Tal planteamiento muy probablemente parezca una obviedad para todo el mundo, pero debe saberse que se trata de un principio económico neoliberal celosamente evitado por la socialdemocracia occidental. La totalidad de naciones occidentales han abrazado desde los noventa con gran vehemencia los principios keynesianos sobre la utilidad del gasto en obra pública y social como medida para la creación de empleo y la pefección del estado de bienestar. Con la transmigración ideológica que experimentó la izquierda europea en los ochenta, abandonando a Marx para abrazar a Keynes, las tesis del economista británico tendrían tanto éxito que serían total o parcialmente aceptadas también por el centro-derecha.
Y es que, en épocas de bonanza y crecimiento económico, disparar el gasto público para crear una atmósfera ficticia de bienestar social a semejanza de los países nórdicos, se convirtió en práctica habitual en toda Europa. La realidad sin embargo es que cualquier persona con mínimas nociones sobre economía sabe perfectamente que el crecimiento nunca es eterno, y que cuando se frene o incluso se contraiga, resultará imposible asumir las estratosférias deudas creadas. Cuando la burbuja estalla, el Gobierno se llena de facturas pendientes, de subvenciones que pagar, de prestaciones que abonar. Y es así como se llega a la situación actual en la que la crisis de deuda soberana amenaza con enterrar el estado de bienestar. Un extremo que se podía haber evitado con una financiación pública sensata y viable, que garantizase las pensiones y prestaciones sociales básicas e irrenunciables sin caer en los excesos electoralistas de los 2.500 euros por niño, la regulación masiva de inmigrantes ilegales, o la construcción de líneas de AVE sin viajeros y aeropuertos sin aviones.
Todavía no se ha llegado a un punto de no retorno que acabe con las garantías sociales más elementales, pero huelga decir que la dinámica de gastar lo que no se tiene es absolutamente inviable. Con un mínimo de sensatez y comedimiento el Estado Social puede seguir ayudando a quien más, y realmente, lo necesita. Supongo que a las mil y una asociaciones de feministas, abortistas, homosexuales, gerracivilistas etc, que viven de las millonarias subvenciones del Gobierno de Zapatero no les agradará demasiado que el Estado no se gaste lo que no tiene; pero lejos quedan ya los días en los que parecía que la gallina pondría huevos de oro eternamente.
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