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M. COSTA
Martes, 13 de septiembre 2011, 02:14
La subida de la tasa Tamer, que afectará a Valencia y 44 municipios del área metropolitana, recibió ayer el recurso de Compromís para evitar el aumento previsto denunciado de más del 200%.
Las alegaciones presentadas especifican que se eliminen los intereses de demora en el cálculo de la tasa final, ya que que ascienden a casi cinco millones de euros.
También se solicita la transformación de cuotas fijas en variables, según la producción de basura de cada municipio y la puesta en marcha de bonificaciones en función de la situación económica familiar y el número de miembros. Según el portavoz del grupo municipal de Compromís, Joan Ribó, una fórmula más equitativa pasaría por primar a aquellos municipios que reduzcan la producción de residuos y gravar o penalizar a aquellos que, por el contrario, la aumenten.
Respecto a las reformas planteadas, según el portavoz de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, Josep Bort, la situación actual requiere una serie de «bonificaciones para muchas familias que han visto reducidos sus ingresos».
Por otro lado, los socialistas de Torrent también presentaron ayer una moción en el pleno contra la nueva tasa por «abusiva, injusta y arbitraria». La nueva tarifa «se aplicará a todos los vecinos y vecinas de Torrent a partir del 1 de octubre a través del recibo del agua y supondrá el triple de lo que hasta ahora se estaba pagando».
La Tamer es un impuesto que «desde que se aprobó se ha cobrado a todos los usuarios de forma unilateral, sin previo aviso y eludiendo una norma estatal».
Sin embargo, ya hay una sentencia dictada «en primera instancia que exime a un vecino de abonar la tasa al declarar nulo el cobro de la Tamer porque incurre en defectos de forma, ya que incumple la Ley General Tributaria».
Los socialistas indican, además, que es obligado notificarlo «por escrito a los contribuyentes antes de hacer efectivo el cobro del tributo». La modificación de la tasa «obvia de nuevo este trámite lo que puede provocar más sentencias que declaren la anulación del cobro».
La tasa es «injusta si tenemos en cuenta que se pretende incluir en ella costes añadidos al coste real del servicio o actividad, contradiciendo el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004», como es el caso de los intereses de demora, subrayan.
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