Imputan a cuatro guardias civiles por una trama de corrupción en el cuartel de Ibi

Desaparición del dinero requisado a los detenidos, destrucción y alteración de atestados, cocaína confiscada que se sustituye por otra sustancia inocua... Una investigación judicial ha destapado esta supuesta trama de corrupción policial cuyo escenario era el cuartel de la Guardia Civil de Ibi. Cuatro de los agentes adscritos al puesto -dos sargentos, un cabo y un guardia- han sido detenidos e imputados por falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, una falta apropiación indebida e infidelidad en la custodia de documento público.

El juzgado de Ibi que ha investigado este asunto ha cerrado ya la fase de instrucción y ha dado traslado a las defensas, la acusación particular y la Fiscalía para que presenten sus escritos de calificación de los hechos.

En el auto de transformación en procedimiento abreviado, donde el juez recopila los indicios contra los imputados, se recogen hasta cinco hechos delictivos supuestamente cometidos por estos agentes. Así, se hace referencia a la incautación, en marzo de 2010, de 325 euros que llevaban encima dos personas que fueron detenidas. La intervención de esta cantidad en metálico se hizo constar en las diligencias de la Policía Local y en el atestado que inicialmente redactó la Guardia Civil.

Entonces, uno de los imputados, el sargento que ocupaba entonces el cargo de comandante de puesto interino, «tras descalificar las diligencias de la Policía Local rompió las mismas, y por ello al juzgado se remitió un atestado que no contemplaba las actuaciones elaborados por dicho cuerpo».

Además, otro de los presuntos guardias corruptos, un cabo que estaba de jefe accidental del área de investigación, «pidió a los agentes que tenían que confeccionar el atestado que no reflejasen el dinero intervenido, ya que este podría venirle bien al puesto». Según relata el auto, «ante el asombro de la agente requerida», el comandante accidental «comentó que hiciese lo que considerase oportuno».

Así, aunque en las actuaciones originales de la Guardia Civil se reflejó el dinero intervenido, «se sustituyeron las mismas para incorporar otras que silenciaran que entre los efectos personales de los detenidos hubiese cuantía monetaria alguna». Cuando los dos arrestados quedaron en libertad, uno de ellos echó en falta 300 euros entre los efectos personales que le devolvieron, y nadie fue capaz de explicar qué había pasado con el dinero. Dos meses después, esa cantidad fue ingresada en la cuenta del juzgado.

Uno de los imputados es el guardia que actuó como secretario del atestado y supuestamente «validó la copia manipulada». Por su parte, el juez también considera responsable de omisión del deber de perseguir delitos a la agente que «conoció las irregularidades relatadas y no procedió a denunciar los hechos».

Algo similar ocurrió en abril de 2010, cuando se detuvo a un sospechoso de varios robos con fuerza y en el registro de su vehículo se encontró «una importante cantidad de dinero en billetes de 50 euros». El cabo imputado, «como instructor del atestado, reseñó que el importe total ascendía a 1.650 euros». Sin embargo, otros dos agentes que intervinieron en la investigación «llegaron a contar dos filas de 20 billetes de 50 euros, lo que hace un total de 2.000 euros, y lo cierto es que en la fotografía que se incorporó al atestado (...) pueden contarse 1.700 euros». En total, el juez calcula que pudo existir una apropiación indebida de al menos 350 euros, por lo que imputa al cabo una falta. El magistrado considera que existió una falta de apropiación indebida y no un delito porque la cuantía sustraída no superaba los 400 euros.

Otro de los supuestos hechos delictivos por los que se les juzgará es la desaparición de una papelina de 'coca'. Supuestamente, el cabo investigado se dirigió a los baños con ella y después apareció sin contenido alguno. Cuando uno de los agentes del cuartel se dio cuenta y avisó a sus superiores, el propio cabo «se encargó de incorporar una bolsa distinta, que posteriormente se acreditó que no tenía sustancia estupefaciente». El sospechoso confesó haber rellenado la papelina, pero argumentó que la droga se había perdido y lo hizo para que nadie se diera cuenta. El juez considera que pudo incurrir en infidelidad en la custodia de documentos.

La compleja investigación que ha permitido destapar esta presunta mafia policial la han llevado a cabo desde la propia Guardia Civil, bajo la dirección de la Comandancia de Alicante.