Desahucian a una familia de una casa municipal por una deuda de 1.200 euros

Elsa Inés Dos Santos y su hijo menor de edad fueron ayer desahuciados de una vivienda de la empresa pública Cabanyal-Canyamelar por una deuda en el alquiler de 1.200 euros. Se da la circunstancia, según denunció la asociación de vecinos, que el inmueble es uno de los que se han previsto derribar por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, en el caso de que el Consistorio logre desbloquear el proyecto, frenado por un recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional.

Sobre las nueve de la mañana se produjo el desalojo. «Apenas nos dieron unos minutos y hemos tenido que dejar cosas dentro, como un sofá y cosas más pequeñas», indicó esta familia, inquilina de la propiedad municipal desde 2007.

El desahucio se ha producido por una sentencia dictada el 11 de mayo de 2011por el juzgado de primera Instancia nº 19 de Valencia, donde se cita que la deuda era de cuatro mensualidades. Cada recibo ascendía a 300 euros. No obstante, el portavoz de la entidad vecinal, Vicente Gallart, comentó que la deuda se saldó en el transcurso del proceso, aunque la inquilina debía en la actualidad las mensualidades de julio, agosto y septiembre.

Poco después del desalojo, operarios de la contrata tapiaron la puerta, para impedir la ocupación ilegal de la propiedad. La empresa, formada por capital del Ayuntamiento y la Generalitat, ha realizado cerca de 250 intervenciones de este tipo en un año, para frenar la degradación de casas vacías.

Para la asociación de vecinos, el desalojo por una deuda de 1.200 euros es una manera «inhumana de proceder, por parte de una empresa pública que se supone que actúa en defensa de los intereses de todos los valencianos».

En el caso de que el plan urbanístico salga adelante, bien porque se gane el recurso en el Constitucional o porque el Partido Popular gane las elecciones generales y retire el litigio, el edificio será deribado porque se sitúa justo en la zona de la prolongación del bulevar.

El vicealcalde, Alfonso Grau, defendió este viernes la actuación municipal, para indicar que no era la primera vez que la inquilina se enfrentaba a un proceso de deshaucio. Este extremo fue confirmado ayer por fuentes del Tribunal Superior de Justicia, quienes precisaron que la comisión judicial había permitido a la familia sacar sus bienes, a pesar de que el fallo recoge que debían salir «sin recoger nada».

La demanda se inició, precisaron las mismas fuentes, en octubre de 2010. A partir de esa fecha se realizaron varias visitas por parte de los funcionarios al 28 de la calle Francisco Eiximenis, hasta que se pudo entregar la notificación a los afectados. La asociación de vecinos pidió ayer que las viviendas vacías se alquilen para lograr unos ingresos, hasta que se dilucide qué hacer con ellas. Mientras, Elsa Inés y su hijo dejaron sus pertenencias en casa de unos amigos, sin otro hogar.