El fiscal pide ahora la imputación del exsecretario Saseta y de la extesorera

No fue la mejor visita del ex alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, al Palacio de Justicia de Orihuela, ya que salió cabizbajo y repasando las peticiones del fiscal Anticorrupción. Las partes afectadas presentaron alegaciones al caso del Touareg por el que se investiga un presunto cohecho, malversación de caudales públicos y fraude. Como principal solicitud, el ministerio fiscal pidió un informe con el presunto quebranto que ha supuesto a la administración local las operaciones realizadas durante 2005 en relación a la compra de un coche de alta gama. Igualmente el fiscal también demandó que se imputara al exsecretario del Ayuntamiento, Antonio Saseta y a la extesorera Mari Carmen Grau.

El juez que instruye la denuncia presentada por el ahora teniente de alcalde bigastrense, Aurelio Murcia, comunicó su intención de llevar el caso a la sección de Elche de la Audiencia provincial, y con un jurado popular debido a los presuntos delitos que se van a juzgar. En cualquier caso, el magistrado de la causa, que se extrae de la investigación por la que fue detenido Moya en el 2008, tendrá que dar cuenta en un auto si prosperan las alegaciones de la parte defensora, de la parte denunciante y de las solicitudes del fiscal.,

A las partes implicadas les sorprendió el gran número de peticiones que realizó el fiscal en la sesión de ayer, que se convocaba para dar cuenta de que el caso lo asume la Audiencia Provincial.

Como primera petición formulada desde el ministerio público se consta que tanto el exsecretario como la extesorera deben formar parte de la causa y estar imputados debido a que los cheques con los que se financió el coche de alta gama estaban firmados por estos dos funcionarios públicos, junto al exalcalde socialista.

La investigación pretende dilucidar si el ex regidor José Joaquín Moya utilizaba un vehículo todoterreno de alta gama que costó 65.000 euros y que fue comprado mediante pagos parciales, entre los que se encuentran seis pagarés de 6.000 euros cada uno, y otro de 25.000 euros. Como argumenta el informe policial este coche lo compró el empresario de la construcción Manuel Nortes, que casualmente realizaba obras para el Consistorio bigastrense hace unos años. No obstante, la parte denunciante afirma que durante todo el 2005, cuando se entregaron los pagarés al concesionario, la mercantil de Nortes no realizó ninguna actuación para la administración local. Así lo ha intentado probar la acusación mediante un escrito.

Da la casualidad que Aurelio Murcia, denunciante de los hechos cuando militaba en el PP, dirige ahora como teniente de alcalde el Ayuntamiento de Bigastro. Así las cosas, Murcia es el responsable de remitir todos los oficios y parte de las diligencias que ha encargado la Fiscalía Anticorrupción.