Cada universitario cuesta 6.000 euros

La pasada semana, el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, adelantó que los presupuestos de la Generalitat para 2012 serán los más bajos de la historia. Los «más atípicos y difíciles», precisó. La preocupación por los más que probables recortes planea en todos los ámbitos de la Administración. Y el educativo no es una excepción.

La situación ha provocado que los rectores de las cinco universidades públicas hayan mostrado su temor ante la posibilidad de que la tijera llegue a la educación superior. Han sido numerosas las declaraciones en este sentido. Sucedió con la apertura oficial del curso de la Universidad de Alicante, y más recientemente, en el mismo acto celebrado en la de Valencia, donde el rector Esteban Morcillo pidió a la Generalitat «un esfuerzo» en el mantenimiento de las inversiones, recurriendo a un planteamiento difícil de rebatir. El dinero que llega a la universidad revierte directamente en la sociedad a través de la transmisión de conocimientos, que desemboca en la creación de empleo, por no hablar de los que generan de forma directa las múltiples líneas de investigación de las propias instituciones académicas.

La afirmación de Morcillo, que está contrastada con datos y es un argumento recurrente de los rectores valencianos, sirve de contrapeso al elevado coste que supone a las arcas valencianas el sostenimiento del sistema universitario, teniendo en cuenta que la formación de cada estudiante en la Comunitat se lleva al año 6.000 euros de los presupuestos.

No es una cifra baladí, ya que la cuantía anual que se destina a las universidades públicas valencianas ronda los 800 millones de euros. Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, durante el ejercicio 2010 se transfirieron 796 millones, una cifra que en el presente ejercicio, hasta agosto, ascendía a 532, lo que supone una media de 66 al mes. Si el total se divide entre el número de alumnos que estudian en las instituciones públicas, 132.243 durante el último curso, sale la citada media de gasto por persona.

Con el dinero público se garantiza que alrededor del 90% del coste formativo le salga gratis al estudiante, teniendo en cuenta que de los 6.000 euros anuales el beneficiado sólo paga entre 800 y 900 en concepto de matrícula. El dato permite entender mejor la importancia de la financiación pública en el sistema universitario y las reiteradas llamadas de atención de los rectores, que han tocado todas las puertas, incluso la del presidente Alberto Fabra. Su objetivo es conseguir el compromiso de mantener el ritmo inversor pactado el año pasado en el Plan Plurianual de Financiación de las Universidades (PPF).

Parece que los avisos han dado resultado. La previsión que maneja el director general de Universidades, José Miguel Saval, es que este año se cierre con una cuantía similar a la establecida en el ejercicio anterior. Además, se mantienen los acuerdos de futuro del Plan, que prevé 7.000 millones a repartir entre las universidades hasta 2017. Es decir, más de 800 al año.

Eso sí, se introducirán algunos matices. La diferencia radica en que se han pactado modificaciones en los plazos de pago. El dinero llegará, aunque se demore en el tiempo, como ha explicado en numerosas ocasiones el conseller de Educación, José Císcar.

Rendimiento de la inversión

Valorar el rendimiento de la inversión pública por estudiante universitario es sencillo. El estudio 'La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas', elaborado por el Ivie, dice que su propia actividad productiva, así como la que genera en el resto de sectores de la sociedad, representa para la economía de la Comunitat un volumen de 4.228 millones de euros al año y genera 54.638 puestos de trabajo.

Conscientes de que la coyuntura económica no es propicia, todas las universidades valencianas están aplicando medidas de ahorro. La Universitat de València ya ha anunciado que cerrará sus instalaciones en vacaciones para mitigar el consumo energético. Además, se ha previsto un paquete de medidas para reducir los gastos fijos en 2,8 millones. Por ejemplo, se contendrá el gasto en material de oficina, dietas o desplazamientos, mientras que se pedirá a todas las unidades una reducción del 10%. «Así se tratará de asumir la financiación del crecimiento de los gastos de personal, como los trienios», dijeron.

La Politécnica, por su parte, ha eliminado vicerrectorías, pasando de doce a diez, mientras que la Jaume I de Castellón aplica un plan para reducir el gasto corriente del presupuesto un 15% en tres años. Entre las medidas está la eliminación del macroconcierto de bienvenida, con los consiguientes costes extraordinarios en seguridad.

La misma senda sigue la Miguel Hernández, que aplica un plan de eficiencia energética, reduce el papel en favor de soportes digitales y busca nuevas vías de financiación.