La Fiscalía tumba los efectos penales de la ordenanza municipal contra la prostitución

La polémica ordenanza municipal que sanciona la prostitución callejera y la mendicidad no tendrá efectos penales. Así lo acordó ayer la Junta de Fiscales de la Audiencia Provincial de Alicante, al entender que esas infracciones solo pueden circunscribirse al ámbito administrativo. Los fiscales, por tanto, ignorarán los atestados de la Policía Local y no presentarán acusación alguna por delito ni por falta de desobediencia. La decisión tiene una gran trascendencia, pues es tanto como decir que la ordenanza no se ajusta a derecho.

«Nosotros no entramos a valorar si es o no legal porque esa no es nuestra misión, eso corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo», explicó al término de la reunión celebrada ayer el fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos López Coig. «Nos limitamos a acatar las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que desde 2008 viene defendiendo el principio de intervención mínima del Derecho Penal y la no transmutación de una infracción administrativa en delito».

Esa jurisprudencia del órgano judicial balear se refiere a la aplicación del Ayuntamiento de Calviá que es prácticamente idéntica a la de Alicante. En las resoluciones, los magistrados dictaminaron que las administraciones locales no pueden invadir competencias que corresponden exclusivamente al Parlamento y legislar, aunque sea indirectamente, en el ámbito penal.

La Fiscalía de Alicante también remitirá una consulta a la Fiscalía General del Estado para saber si puede aplicar el criterio decidido ayer en relación a los 'gorrillas'. La Audiencia Provincial sí ha respaldado en este caso que puedan ser condenados por desobediencia. Y de hecho hay división de opiniones tanto entre los representantes del Ministerio Público como entre los jueces. Ese fenómeno, en opinión de López Coig, es distinto al de la prostitución, pues en la conducta de los aparcacoches suele intervenir una cierta «coacción» a los conductores. Los fiscales debatieron ayer este punto sin ponerse de acuerdo, por lo que el máximo responsable del Ministerio Público decidió emitir una consulta a la Fiscalía General.

Muchos de los casos derivados de la aplicación de la ordenanza contra la prostitución y la mendicidad del Ayuntamiento de Alicante acaban en la vía penal. Esto ocurre porque, en un primer momento, los agentes avisan a los implicados de que no pueden estar ejerciendo sus actividades en la vía pública y, posteriormente, si vuelven a pasar y los ven otra vez allí, se les impone una sanción económica. Si sus infracciones son reiteradas, la Policía Local interpone una denuncia por desobediencia a la autoridad.

La falta de desobediencia, según recoge el artículo 634 del Código Penal, castiga con una multa de entre 10 a 60 días, normalmente con una cuota diaria de 3 a 6 euros, a quienes «faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente cuando ejerzan sus funciones». Un artículo que ya ha llevado a la cárcel a varios 'gorrillas' en Alicante, puesto que, si se declaran insolventes y no pagan, cada dos días de multa se transforman en uno de cárcel.

Desde que comenzó a aplicarse la ordenanza, en marzo, decenas de casos han acabado en juicios rápidos, llegando a colapsar los juzgados, según denunciaron fuentes judiciales en este diario en agosto. Hasta ahora, no había una postura definida sobre este asunto, hay jueces que absuelven a los implicados y otros que sí consideran que hay razones suficientes para condenarlos por desobediencia. De hecho, cuando el Ayuntamiento estaba perfilando esta ordenanza pidió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial que le diese el visto bueno. Sin embargo, desde el Ministerio Público rechazaron informar sobre esta ordenanza porque se trata de una norma administrativa y no entra dentro de sus competencias.

Sin embargo, ahora sí han decidido actuar en la parte de la norma que les compete, para tumbarla. La decisión de ayer unificará el criterio, al menos en los casos de prostitución. La Fiscalía no permitirá el desarrollo de la vía penal por desobediencia.