Los impagos dejarán en breve desasistidos a cientos de discapacitados y mayores

Se marchan de excursión y llegan puntuales al encuentro. Seis usuarios de la Asociación de Enfermos Mentales de Alicante (Afema) se citan a las diez de la mañana con Tamara, la trabajadora. Van a visitar las Cigarreras, dentro del programa de ocio en el que participan, aunque más de uno confirma que el desayuno -harán un alto para comer- es uno de los momentos preferidos. «Sobre todo, la coca de mollitas», afirma una joven.

Esta es una de las actividades que lleva a cabo la asociación. Una de las entidades entre las docenas que trabajan en la provincia con discapacitados, ancianos o personas que sufren una drogodependencia, y a quienes les prestan una atención especializada que no cubre el sistema público. Temen el cierre inminente de sus programas.

Algunos no han tenido más remedio que despedir a trabajadores sociales y psicólogos. Otros han clausurado programas porque los impagos de las subvenciones por parte de las administraciones les están dejando en número rojos y los bancos no les conceden pólizas. No se fían ni aunque presenten el aval de la Generalitat Valenciana.

El papel que representan todas estas entidades es fundamental. Un ejemplo es Afema que atiende a enfermos mentales que viven solos en casa. El apoyo que les prestan a través de diferentes actividades evita que los pacientes se aíslen completamente de la sociedad, que se reintegren y que cumplan con el tratamiento médico. «Pocos tienen amigos fuera de aquí», señalan. Su enfermedad es una de las que soporta mayor estigma.

Este periódico se ha puesto en contacto con diferentes asociaciones históricas en la provincia para pulsar hasta qué punto la crisis les está afectando. Durante esta semana pasada todas estaban pendientes de recibir las ayudas. «Nos han dicho que la semana que viene», «a nosotros que en 15 días». El panorama que pintan las entidades sin ánimo de lucro es desolador. Algunas confían en las «buenas intenciones» y en el diálogo que muestran las consellerias. Otras, por el contrario, ya no quieren más palabras, quieren dinero.

Así ocurre en Cocemfe (Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante). Su vicepresidente, Javier Segura, está indignado. Y no es para menos cuando asegura que la situación por la que está pasando el sector sociosanitario es de «una alarma extrema».

Con 40 asociaciones federadas en la provincia, muchas tienen graves dificultades para mantenerse. Y no se salva ninguna administración en cuestión de impagos: ayuntamientos, Diputación y Generalitat. «Las entidades y asociaciones mantenemos el sistema ofreciendo una asistencia especializada y profesional», de la que se benefician muchas familias y usuarios que, de no abonarse los pagos, se verán en la calle, denuncia. De hecho, en una asociación de Benidorm ya han tenido que prescindir de personal.

«Los pagos llegan con mucho retraso y la situación es muy grave», confirma también Miquel Martorell, de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de la provincia, que está preparando movilizaciones con motivo del aniversario de la ley, que no acaba de arrancar.

La ayuda media que se recibe por el cuidado de un familiar es de 400 euros. «Para las personas mayores que viven solos en casa, el retraso en los pagos les genera una inseguridad tremenda. Su cuidador les reclama el dinero y ellos no pueden abonarlo con una pensión mínima que tienen», advierte Martorell, quien asegura que el sistema del estado de lo social está ahora mismo «bastante mal». Doce millones de euros es, según explica, la cantidad que cada mes tiene que ingresar la Conselleria de Bienestar Social para pagar a los dependientes. Una transferencia que los afectados afirman que reciben demasiado tarde. «Hay centros que cuentan con su fisioterapeuta y con actividades de ocio que suponen, además, un desahogo para las familias. El problema es que estamos hablando de un colectivo muy débil».

Igual de vulnerables son los pacientes que sufren adicciones. El Grupo Valenciano de Drogodependencias es otro de los que ha iniciado una campaña de concentraciones para que el Consell les pague. Su responsable, Ramón Cuesta, cífra la deuda en dos millones de euros por la atención a 7.400 pacientes en las 1.400 plazas públicas en la Comunitat. Con 18 entidades federadas, «si no recibimos el pago ya, algunas tendrán que cerrar en 15 días», desapareciendo servicios «específicos» y con un «valor añadido», que llevan 25 años de trayectoria.

Una denuncia a la que se han sumado esta semana más asociaciones como la de Alzheimer. La Federación en la Comunitat ha asegurado que muchas de las 31 asociaciones se están planteando el cierre por los impagos de la Generalitat, que en algunos casos se remontan a 2009.

«Estamos en una situación crítica, casi de quiebra técnica en algunos centros que ya no pueden pagar ni la Seguridad Social ni la nómina a los trabajadores», señalan desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte). El débito en la Comunitat asciende a 75 millones, 13 de ellos referidos a enfermos mentales y discapacitados, que «son los que peor lo están pasando con una deuda que se arrastra desde hace un año». Hay, añadieron, 25.000 familias afectadas, cerca de 900 enfermos mentales y 300 tutelados de la Generalitat, y 13.000 trabajadores en riesgo. Nueve empresas desaparecieron en el ejercicio anterior, se prevé que cuatro no lleguen a final de año, pero «la situación es casi desesperada para una veintena», sentencian.