La Fiscalía encarga a la Policía que recopile los historiales médicos de 72 bebés robados

La investigación de los niños robados avanza en los despachos de la Fiscalía de Valencia. En algunos momentos, diferentes afectados han mostrado su malestar por la lentitud de las pesquisas. No obstante, la magnitud de un caso como este y el volumen de trabajo de los fiscales hace que difícilmente el proceso pueda avanzar a una mayor velocidad.

Además, no hay que olvidar que en esta investigación todos los afectados han declarado en las propias dependencias de la Fiscalía. Y esto lleva su tiempo. No ha ocurrido lo mismo en otras provincias, donde los presuntos afectados por una trama de compraventa de bebés entre las década de los cincuenta hasta finales de los ochenta, declararon ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.

La Fiscalía decidió hace unos meses agrupar los casos por hospitales y que fuera un único responsable el que se encargara de las denuncias relacionadas con cada centro. Ahora, la investigación ha dado un pequeño paso hacia adelante. Una alegría para las presuntas víctimas. Los fiscales han trasladado las pesquisas a la Policía Judicial. Algo habitual cuando se trata de diligencias de investigación penal, como las que actualmente se encuentran abiertas en el Ministerio Público. En caso contrario, el proceso se ralentizaría muchísimo. En concreto, se han remitido 72 denuncias -todas las que se han presentado hasta la fecha- para que sean los agentes quienes recopilen toda la información disponible en los hospitales, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.

Fundamentalmente se trata de los historiales médicos de las víctimas, quienes denuncian que les comunicaron que sus bebés habían fallecido durante el parto y posteriormente fueron vendidos a otras parejas. Muchos de ellas, que pagaron cantidades que rondaban las 300.000 pesetas, desconocían que los pequeños habían sido arrebatados a sus padres.

El trabajo de los agentes, aparte de otras averiguaciones que no fueron concretadas por las fuentes, será recopilar los expedientes de los hospitales. Prácticamente todos los centros de la ciudad de Valencia aparecen en el listado de denuncias. Y no sólo en instalaciones dependientes de la Conselleria de Sanidad. También existen otros centros privados.

La mayoría de las denuncias corresponden a madres que quieren saber dónde se encuentra su hijo, aunque también existen casos de personas que buscan a sus hermanos.

En el expediente, los agentes tratarán de averiguar el ingreso de la mujer para dar a luz así como comprobar la causa del fallecimiento del recién nacido. No obstante, no todas las fuentes consultadas mantienen el optimismo acerca de que todos los historiales estén disponibles. El paso del tiempo podría haber hecho que desaparecieran por diferentes motivos, como la riada de 1957. En fases posteriores de la investigación, lógicamente, se tratará de localizar a las personas que presuntamente participaron en esta trama. No sería extraño que algunas de estas personas, dadas las fechas en las que se produjeron los hechos, podrían haber fallecido.

Exhumación

La prueba más concluyente que respaldaría las denuncias sería que tras practicarse una exhumación se constatara que no existen restos del bebé que presuntamente fue enterrado allí. Esta prueba no requiere necesariamente de la autorización de un juez, según explicaron las fuentes. No obstante, no tiene mucho sentido que se proceda a buscar un cadáver en una fosa común. Las posibilidades de éxito son mayores en un nicho. Y en muchos casos, por la documentación que disponen los propios afectados, se da el primero de los supuestos.

Una vez terminen estas fases de la investigación -presumiblemente se alargará durante meses- llegará el momento de trasladar las pesquisas a un juzgado si se considera que existen indicios de que se cometió un delito.

Estrategia de la Fiscalía

También se empezó a trabajar en la posibilidad anterior por si llegara el momento. En este sentido, hay que recordar que la Fiscalía dio orden hace unos meses de que se recurriera el archivo de cualquier denuncia de niños robados que se presentara directamente en el juzgado, una opción minoritaria entre los afectados pero de la que sí existen precedentes.

La práctica habitual de los jueces de instrucción ha sido el sobreseimiento al entender que los posibles delitos han prescrito. La estrategia de la Fiscalía, tal y como ya avanzó LAS PROVINCIAS, era obtener un pronunciamiento favorable de la Audiencia para, en cierta manera, 'encauzar' la decisión posterior de los jueces respecto a asuntos similares.

Los responsables de cada investigación en las diferentes provincias de España han tenido al menos dos reuniones en Madrid para unificar criterios respecto al caso de los niños robados. El malestar entre los afectados les ha llevado a organizar varias protestas durante los últimos meses en las que han reclamado que se agilice el proceso.