Un juez archiva en la vía penal el derribo de los silos de San Blas al no estar ya protegidos

El derribo de los silos de las Harineras Magro, en San Blas, uno de los edificios que conformaban la arqueología industrial de Alicante, no es constitutivo de delito, según acaba de dictaminar en un auto Juan Carlos Cerón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad.

El magistrado ha archivado hace unos días las diligencias previas que había abierto meses atrás en el marco de una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante, según informaron a este diario fuentes del caso.

Los agentes iniciaron las pesquisas a partir de una denuncia presentada por el portavoz del grupo municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, y, tras recabar diversa documentación, constataron que las naves demolidas entre mayo y junio de este año carecían de la protección integral de la que habían gozado con anterioridad gracias a su inclusión en un inventario de bienes de la Generalitat.

Así, aunque el equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) llegaron a proponer su preservación, la ficha de las Harineras Magro «desapareció» en la revisión del planeamiento realizada en el año 2009, según precisaron las fuentes consultadas.

El juez ha tomado ahora como base el informe del Seprona donde se detallan esos pormenores para decretar el sobreseimiento de las diligencias.

Los argumentos jurídicos del auto no pueden ser más claros. El artículo 321 del Código Penal, que castiga con penas de seis meses a tres años de prisión los delitos contra el patrimonio, requiere que exista una declaración expresa de protección por «interés histórico, artístico, cultural o monumental» de los edificios que hayan sido «derribados o alterados gravemente». En el caso de los silos de San Blas, esa protección expresa fue enterrada en 2009.

De esta manera, todo apunta a que la Fiscalía dará el visto bueno al carpetazo de la investigación en la vía penal.

Los trabajos para la demolición del complejo industrial de las Harineras Magro, que se inauguró en 1951, comenzaron el pasado 30 de mayo y se prolongaron durante unas dos semanas entre las protestas de partidos como Esquerra Unida y colectivos ciudadanos como Alicante Vivo.

Tanto el Consistorio como la sociedad Avant justificaron esta decisión en la necesidad de abrir paso a la construcción de las vías soterradas que permitirán la llegada del AVE a la ciudad.

Ni siquiera los propios vecinos de San Blas albergan una opinión unánime sobre la medida. De hecho, la polémica reabrió el viejo debate que enfrenta modernidad y prosperidad, por un lado, y respeto y la preservación del patrimonio cultural, por otro.