Un problema de credibilidad

Las reformas pactadas en la reciente cumbre europea aspiran a ser definitivas, después de un convulso proceso de casi dos años para apuntalar la moneda única. La opción elegida quiere ser al mismo tiempo realista y exigente, aunque nadie sabe todavía cómo será recibida por acreedores e inversores en los países del euro. Por razones políticas, los 27 socios de la UE no están preparados para una transferencia masiva de poderes a Bruselas, para crear un presupuesto federal o un banco central con tareas distintas al control de la inflación a largo plazo. Así que en el fondo se ha elegido profundizar en el diseño original de la Unión Económica y Monetaria pactado en Maastricht en 1992, poniendo esta vez el acento en la disciplina fiscal impuesta desde la Unión, con sanciones reforzadas y una muy necesaria supervisión de los presupuestos nacionales desde Bruselas. Al Banco Central Europeo no le afectan estas modificaciones, pero se sobrentiende que a cambio de la austeridad y de la disciplina se le permitirá actuar de hecho y con más potencia para seguir garantizando la estabilidad financiera a corto plazo. Este es el reto de los próximos días, saber si algunos países de la zona euro pueden seguir financiando su deuda, mientras emprenden reformas de sus políticas y vuelven a pensar en el tamaño y el coste de su sector público. La cumbre europea ha tenido también un resultado político preocupante, el alejamiento del Reino Unido del corazón del proyecto europeo, lo que dará alas a los políticos ingleses que piden un referéndum de salida. Es cierto que los británicos no participan en el euro y por lo tanto es lógico que se autoexcluyan de su reforzamiento, y más si supone perder la capacidad de decidir sobre la regulación del mercado financiero de Londres. Pero la cumbre ha tenido algo de ruptura entre los 27 países de la Unión, para privilegiar a los que forman parte del euro o están dispuestos a unirse a este proyecto. A pesar de todas sus dudas, el Reino Unido aporta mucho a la Unión en términos económicos y políticos y convendría evitar leer las reformas pactadas como una nueva batalla entre europeos, con vencedores y vencidos.

La Policía rusa estimó en 25.000 personas las reunidas ayer en una céntrica plaza de Moscú cuando todo el mundo triplica tal cifra. Una prueba, anecdótica si se quiere, de la fiabilidad de una institución técnicamente apolítica y al servicio del público y, en realidad, una institución más al servicio de un Gobierno enfrentado a una oposición social en auge y más activa. Incluso sin los severos reproches de Hillary Clinton sobre las irregularidades de las elecciones del domingo había todas las razones para pensar que hubo cierta manipulación en favor de Rusia Unida, el partido del oficialismo putinista. Los manifestantes solo pedían un recuento honesto, pero también algo más y muy relevante: que la oposición acuerde un candidato común para evitar otro triunfo en la presidencial de marzo próximo. No hay duda de que Rusia Unida -un movimiento basado en lealtades y redes clientelares en la inmensa Federación- es el partido con más adherentes y más votos. Y hasta es posible que pudiera ganar sin engaños, pero es penoso el intento de perpetuar un gobierno que es, en realidad, un régimen autoritario alérgico a todo control social. Rusia tiene un problema de credibilidad democrática que perjudica mucho su imagen y debe ser corregido rápidamente por su bien.