El Ayuntamiento y los hosteleros se alían para 'salvar' las tascas

La zona de las tascas, principal punto neurálgico del ocio de la capital de la Plana, vive estos días uno de sus momentos más difíciles. Y es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anula la ordenanza que permitía el consumo de alcohol en este popular espacio ha supuesto un duro golpe para los empresarios pero también para los clientes, que temen que el 'veto' judicial reste atractivo a las siempre concurridas tascas, sobre todo ahora que se acerca la Navidad.

Así pues, los propietarios de los locales que conforman esta tradicional zona de ocio de Castellón -declarada acústicamente saturada (ZAS) desde hace poco menos de un año- se reunieron ayer con el concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, para buscar una salida a esta difícil situación, que aseguran «amenaza la supervivencia» de sus negocios.

Durante el encuentro, Romero mostró su voluntad de modificar la conflictiva ordenanza, tal y como solicita la sentencia del TSJ, y así hacer compatible el descanso vecinal con el ocio de los ciudadanos. Y es que cabe recordar que, precisamente, es el descanso vecinal lo que la asociación Castelló Sense Soroll pretende garantizar, y por ello presentó en su día un recurso contra la normativa municipal que permitía el consumo de bebidas en las calles que forman la popular zona de las tascas.

Sin embargo, los hosteleros no lo tienen tan claro, y ayer manifestaban su indignación por este nuevo golpe judicial acusando al presidente de la entidad vecinal, Pedro Monfort, de tener «intereses inmobiliarios» en la denuncia.

No obstante, lo cierto es que, ataques personales a parte, el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado a favor de Castelló Sense Soroll anulando parte de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana de la capital de la Plana, al entender que «contradice» la ley valenciana sobre drogodependencias, concretamente el artículo que expresa que «no se permitirá la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas, entre otros lugares, en la vía pública, salvo en los lugares debidamente autorizado o en fiestas patronales».

Por lo tanto, el Ayuntamiento y los propietarios de los locales afectados deberán buscar una solución que, como dijo ayer Gonzalo Romero, «se ajuste a la legalidad vigente», para salvar un espacio que casi a diario concentra a cientos de castellonenses pero que también se ha convertido en un foco de conflicto para los vecinos, que incluso después de que la zona fuese declarada ZAS continúan denunciando molestias por ruidos.