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F. RICÓS
Sábado, 24 de diciembre 2011, 01:47
La nueva ley que regulará la Radiotelevisión Valenciana permitirá al Consell destituir al director general al final del ejercicio si se desvía un 7% o más en la ejecución del presupuesto de la subvención otorgada por el Gobierno valenciano.
Esta misma medida, concebida como un mecanismo de control presupuestario, podrá aplicarse en los mismos términos a los ocho miembros del consejo de administración. Así lo explicó ayer la vicepresidenta Paula Sánchez de León, al término de la reunión del Consell.
El Palau se reserva otra baza para poder destituir sin buscar otras excusas al director general y a sus consejeros: cuando se supere un 10% el déficit o desviación en relación con la liquidación del presupuesto anual del Grupo sumándole tanto la aportación anual que realizará la Generalitat como los otros ingresos que pueda obtener, como los derivados de la publicidad.
El anteproyecto de ley aprobado ayer por el Ejecutivo autonómico supone en la práctica una refundación del ente público, hasta el punto que le cambia hasta el nombre. Pasará a denominarse Grupo RTVV.
La actual normativa de la televisión y la radio autonómicas data de hace 27 años.
Además, funde en una sola las empresas que componen el ente público, con lo que se rebajará el número de directivos, aunque no se ha calculado el ahorro, dijo De León, pero sí indicó que «va a suponer más eficiencia en la gestión y menor coste.
El anteproyecto reduce el número de consejeros de doce a ocho, a los que hay que sumar el director general. Incorpora la figura del secretario, con voz pero sin voto.
Los ocho miembros del consejo serán elegidos por Les Corts con el apoyo de tres quintas partes de los diputados. El parlamento valenciano también será el encargado de designar al director general -hasta ahora lo nombraba el Consell-, en primera ronda, con el voto de los tres quintos de la Cámara y en segunda instancia, con mayoría absoluta. Los consejeros deberán de ser personas con cualificación, experiencia y méritos profesionales relevantes que hayan desempeñado al menos cinco años funciones en órganos de administración, alta dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas.
Tanto en el caso de los consejeros como en el del director general el mandato que reciban será por seis años. Se podrá prorrogar el periodo de gestión en una ocasión y será por un máximo de tres años.
En el apartado de mecanismos de control, al margen de los ceses que posibilitará, el anteproyecto de ley establece que el director general podrá firmar contratos de hasta cinco millones de euros y a partir de esa cantidad tendrá que ser el consejo de administración el que les de el visto bueno.
La relación entre el Gobierno valenciano y el Grupo RTVV se establecerá en un contrato-programa. Será de tres años de duración, revisables anualmente. Determinará la aportación anual de los presupuestos al Grupo RTVV.
La financiación correrá a cargo tanto de las cuentas públicas como de las ventas por publicidad. Y en un momento en el que el PP en el Gobierno de España abre la mano para dejar entrar en el accionariado de las televisiones autonómicas a la iniciativa privada, RTVV seguirá siendo propiedad 100% del Consell o de entidades públicas autonómicas.
La vicepresidenta Sánchez de León señaló que la producción de contenidos será «hasta donde alcancen los medios propios» y destacó que la futura ley prohibirá dejar en manos de la iniciativa privada la realización de programas informativos.
El Consell ha comunicado lo esencial de la norma a los grupos de la oposición y hasta la fecha Sánchez de León no había recibido propuesta alguna para incorporar en el anteproyecto de ley. Sánchez de León indicó que si la recibían y la consideraban interesante, la intercalarían. Además, trasladó al director general de RTVV la responsabilidad de acometer la reestructuración de la plantilla, que se está estudiando, porque eso no lo incluye esta ley. «Cuando se considere oportuno se dirá lo que se va a hacer o si no se va a hacer», puntualizó.
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