La Diputación cierra el año sin acuerdo para reivindicar los pagos pendientes

No hay duda de que la llegada de Javier Moliner a la presidencia de la Diputación ha supuesto grandes cambios en el ente, especialmente en el cariz más sosegado y moderado que ha tomado las sesiones plenarias, alejadas ya de la polémica figura de Carlos Fabra. Sin embargo, la concordia llega hasta cierto punto y, ayer, la corporación provincial cerró su último pleno del año con la discusión, sin acuerdo, para exigir o no al gobierno valenciano las deudas pendientes con Castellón.

En este sentido iban orientadas las mociones presentadas tanto por el Bloc, exigiendo que se paguen al Hospital Provincial los 60 millones de euros que se le adeudan, como por el PSPV, que reclamaba el cese de los impagos de la Generalitat a los distintos ayuntamientos de la provincia. Propuestas que fueron rechazadas por los populares.

En referencia a la primera de las mociones, el vicepresidente Miguel Barrachina recordó al portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, que los problemas de financiación sanitaria que tiene el Consell son «idénticos» a las que mantienen otras administraciones autonómicas «con una excepción: el no reconocimiento al millón de ciudadanos valencianos por parte del Gobierno central, lo que ha motivado una importante merma en la financiación sanitaria y los actuales problemas a los que la Generalitat se está enfrentando de una manera ejemplar».

Una respuesta que no satisfizo para nada a las filas nacionalistas, representadas en el pleno por Enric Nomdedéu, quien consideró el rechazo a la propuesta una «falta de valentía política del PP», lamentando que los populares «no cumplan su compromiso del inicio de la legislatura, puesto que en la toma de posesión se anunció que la Diputación sería reivindicativa tanto frente al Consell como frente al Gobierno».

Barrachina, en nombre de su partido, también descartó ayer la petición socialista de emprender acciones judiciales contra la Generalitat por los impagos a los ayuntamientos de la provincia recordándoles a los miembros del PSPV «la imposibilidad material y física de hacerlo por parte de los servicios jurídicos de esta casa. Llevar a los tribunales a la Generalitat representando a los 135 municipios de la provincia es surrealista, creemos que no se trata de un problema judicial, sino económico. Hay 1,5 millones de españoles que el pasado año tuvieron que pedir ayudas para comer o vestir a las instituciones caritativas. ¿Deberían de presentar cada uno de ellos una demanda al gobierno por haber llegado hasta esta situación?», alegó.

En definitiva, en el pleno de ayer la política volvió a reinar sobre la economía y la Diputación no reclamará, al menos de manera institucional, la deuda del Gobierno valenciano.

Sí se aprobaron por unanimidad el resto de puntos del despacho ordinario, entre los que se encontraban los pagos a la redacción de diferentes proyectos incluidos en los POYS y la renuncia de Vicent Aparici como diputado provincial.