4.000 trabajadores de las empresas públicas valencianas fueron contratados a dedo

Los políticos valencianos no han acabado de apretarse el cinturón. El Consell ha aplicado los recortes al horario de los funcionarios y a su sueldo, especialmente a los interinos, y a las inversiones del presupuesto autonómico. Ha incrementado el IRPF a todos los valencianos y multiplicado por cuatro el llamado céntimo sanitario hasta convertirse en 4,8 céntimos por litro de combustible repostado. Pero las medidas de ajuste no han entrado abiertamente en lo que se está convirtiendo en un pozo sin fondo para las cuentas del Gobierno valenciano: su sector público empresarial.

El Ejecutivo autonómico se ha asomado -las fundaciones se han reducido de 33 a 20 y aún quedan 46 empresas públicas que se reorganizarán en media docena de holdings, según sea su temática-, pero no se ha metido en harina. No ha dado el ejemplo de contundencia como, por ejemplo, el Ejecutivo balear, cuyo presidente anunció en septiembre la eliminación de sus 92 entidades mercantiles, con el consiguiente despido de más de 800 personas.

Las sociedades, los entes y las fundaciones públicas de titularidad autonómica le costaron a las arcas de la Generalitat 2.600 millones de euros, aseguró el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, el pasado 30 de septiembre, al margen de arrastrar, dijo, un agujero de 5.000 millones de euros. En el sector público, entre empresas entes y fundaciones, aseguró, trabajan entre 10.000 y 11.000 personas. No. Son 12.136 las personas vinculadas a estas organizaciones paralelas a la Generalitat, según consta en la última Cuenta General.

El gasto de personal generado en el sector público empresarial y fundacional ascendió a más de 462,5 millones de euros, según figura en la documentación oficial. Y tanto sindicatos como partidos de la oposición consideran que las empresas públicas y las fundaciones son o han sido, en general, un coladero de contrataciones, como también ha puesto de manifiesto en algunos casos la Sindicatura de Comptes e incluso diversas sentencias judiciales que han respondido ante denuncias de UGT y de Intersindical.

De esos 12.000 operarios, más de 4.000 han accedido al puesto de trabajo en 43 empresas públicas o fundaciones a través de una entrevista personal, sin que se haya recurrido a los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y publicidad, según las distintas fuentes políticas y sindicales consultadas.

El coste anual de estas 4.000 personas, que sindicatos y partidos de la oposición consideran contratadas a dedo, supone un gasto de más de 139 millones de euros, de acuerdo con los datos que refleja la Cuenta General.

La empresa pública Vaersa, con 1.645 empleados, es de las primeras que señalan las fuentes consultadas como una de las firmas autonómicas donde más se favorece la contratación de manera directa. «Ahí no se accede a través de ninguna oposición o un concurso de méritos, sino por una entrevista personal», aseguraron fuentes consultadas.

El Instituto Valenciano de la Vivienda o la Ciudad de las Artes y las Ciencias rivalizan también con Vaersa a la hora de efectuar contrataciones sin publicitar las plazas a cubrir y con solamente una entrevista, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.

La Entidad de Saneamiento, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, el Circuito del Motor, Ciegsa -la mercantil que se utiliza para la construcción de colegios e institutos-, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, entre otras, «y todas las fundaciones contratan personal de manera directa», apuntan las fuentes consultadas.

El Instituto Valenciano de la Exportación es otra de las entidades del sector público, junto con el IVAM, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales o la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana -con sentencias contrarias a la contrataciones directas- que han realizado contrataciones directas a través de entrevistas sin haber dado publicidad en los cauces oficiales, según ha podido saber este periódico.

Hay fundaciones que han sido eliminadas como la del Estudio de la Violencia, en la que trabajaban tres personas y solament en gasto de personal destinaba 131.000 euros. La Fundación del Palau de Les Arts sale un poco más cara que la anterior: los 363 empleados costaron 15,8 millones de euros, de acuerdo con la Cuenta General.

Por contra, sociedades o agencias de carácter muy técnico, como el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Agencia Valenciana de Turismo, el Instituto Valenciano de Investigación Agraria , el Instituto Valenciano de Finanzas, el Sepiva, Teatres de la Generalitat, el Instituto Valenciano del Audiovisual, el de la Música, o el de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, se accede a través de unas pruebas objetivas que han sido publicitadas y a las que diversos candidatos optan a los puestos de trabajo.

La empresa pública más cara, en cuanto a gasto de personal se refiere, es Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. La Cuenta General atribuye a esta sociedad pública un presupuesto en salarios que asciende a 91,9 millones de euros para los 1.933 empleados. RTVV, con 79,9 millones para 1.740 empleados, es la segunda y a mucha distancia, Vaersa, 46,1 millones para 1.645 trabajadores.

Gonzalo Fernández, responsable del área autonómica de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, afirmó que todas las fundaciones contratan de manera directa, sin concurso público. Miguel Usó, secretario del área de Sanidad de UGT, afirmó que las fundaciones de los hospitales «se utilizan para premiar. En teoría desarrollan determinadas especialidades pero no dan cuentas a nadie».

Rafael Rubio, el diputado del PSPV que rastrea el sector público afirma que el Consell dice desde que se inició la legislatura que va a actuar sobre el sector público empresarial, pero «se ha limitado a anunciar la creación de holdings en seis grandes áreas» y considera que «8.000, de los más de 12.000 que hay, han sido contratados sin los requisitos de publicidad. Todos los ciudadanos deben tener igualdad oportunidades. En tanto en cuanto llegue el proceso de racionalización, la Generalitat debe sacar a pública concurrencia todas las plazas que no se hayan cubierto a través de un sistema igualitario para todos los ciudadanos», dijo Rubio.

Enric Morera, el síndic de Compromís, el 'enchufismo' en el sector público empresarial lo cifra «entre 6.000 y 7.000 personas», aunque llega a elevarlo hasta los 15.000 en toda la Administración. Morera y Fran Ferri, diputado de su grupo, van a empezar a presentar preguntas en Les Corts sobre las contrataciones de personal en las empresas públicas. La primera de ellas irá dirigida a que se esclarezcan contrataciones de la Sociedad Proyectos Temáticos.

Los de Compromís también reclaman el resultado de la selección realizada por el Servicio Valenciano de Empleo sobre quienes han sido las personas contratadas a través de este organismo y las contratadas sin «ningún procedimiento selectivo previo», atendiendo al informe que manejan de la Sindicatura de Comptes.

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