Valencia es mucho más

La Comunitat Valenciana, heredera del antiguo Reino de Valencia, vive desde hace tiempo una etapa triste de convulsión y descrédito. La crisis económica ha llevado a la Generalitat a una situación cercana a la suspensión de pagos, con miles de empresas y particulares angustiados por no cobrar lo que les debe la administración y con sectores que son clave para el normal funcionamiento de una colectividad, como la sanidad y la educación, al borde del colapso. Al mismo tiempo, y como colofón de una crisis política surgida al destaparse el caso Gürtel, un expresidente del Consell está siendo juzgado desde hace semanas por un jurado popular, con el efecto negativo que eso supone no sólo para la clase política sino para el conjunto de las instituciones democráticas. Otros escándalos de corrupción salpican la geografía de las tres provincias valencianas, algunos con episodios burlescos más propios de la novela picaresca que de una sociedad del siglo XXI, y la sensación de que el despilfarro y la gestión imprudente y manirrota se han dado en exceso, completan un panorama tétrico que ha puesto a la Comunitat en el centro de las críticas de toda España, siendo elevada a la deshonrosa categoría de autonomía corrupta y despilfarradora.

Resulta casi obvio señalar que, a la vista de los resultados, muchas cosas se han hecho mal. Y no se trata en esta hora difícil para los valencianos de ocultar ni los problemas ni las equivocaciones. La sociedad no lo permitiría. Los ciudadanos reclaman responsabilidades y exigen explicaciones acerca de cómo se ha llegado a este agujero negro en que se halla sumida su región. Los casos de corrupción -llámense Gürtel, Emarsa, Brugal o cualquier otro-, y los de despilfarro -un aeropuerto de Castellón sin aviones ni pasajeros o el redundante Ágora- precisan de luz y taquígrafos, de claridad y puertas abiertas para que la Justicia pueda hacer su trabajo (como está ocurriendo), para que el Estado de derecho, con todas sus garantías, funcione y demuestre que goza de buena salud.

A partir de estos errores evidentes, Valencia ha sido conducida ante la opinión pública de toda España y ha sido acusada, juzgada y sentenciada. La condena es el escarnio, el pasar a ser de comunidad envidiada a comunidad desprestigiada. Los errores de una clase política que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias se trasladan a toda la sociedad, a los ciudadanos, a las empresas, a las instituciones. Lo valenciano está de capa caída ante los ojos del resto de los españoles.

El retrato interesado, apresurado y falaz de Valencia se traza con tintes tan gruesos que no se repara en la comparación con otras regiones que están en parecida situación. Da la impresión de que la corrupción es un fenómeno exclusivo de Valencia, como si en Andalucía, en Baleares o en Cataluña no se hubieran destapado escándalos tan o más graves que los de aquí. Se intenta transmitir la idea de que la fiebre inmobiliaria tuvo como único escenario Valencia, como si en el resto de la costa mediterránea, en Madrid o incluso en regiones como Castilla-La Mancha o Cantabria no se hubiera construido en exceso. Los grandes eventos se presentan como un invento de Valencia y se olvida, o se prefiere olvidar, que Sevilla con su Expo o Barcelona con sus Juegos Olímpicos inauguraron hace 20 años una política destinada a atraer turistas e inversiones. Se cita el caso del aeropuerto de Castellón como si fuera la única obra inútil de toda España, y no se mete en el mismo saco del despilfarro a los de Ciudad Real, León, Badajoz, Huesca o Lérida. Nada se dice de parques tecnológicos sin tecnología o líneas de AVE totalmente innecesarias. Y se habla de las dificultades financieras de la Generalitat pero nada se dice de una financiación autonómica que desde hace años es injusta con los valencianos al no reconocer que somos 5 millones de habitantes y no 4, como erróneamente contabiliza el Gobierno central, lo que contribuye a engordar el fenómeno de la deuda pública. El factor diferencial valenciano, que lo ha convertido en escaparate, es haber sido la primera comunidad autónoma en quedarse sin tesorería para afrontar los pagos, algo en lo que tienen una implicación directa los gestores de la hacienda pública en los últimos años.

Valencia es mucho más que corrupción y despilfarro. Valencia es una comunidad activa y emprendedora, con un tejido empresarial que a pesar de la crisis sigue innovando y con una clara vocación exportadora. Siendo la cuarta región en aportación al Producto Interior Bruto (PIB), con el 9,88%, es la tercera que más recauda en el IVA y en el impuesto de sociedades, por delante de la Comunidad andaluza. En el impuesto sobre la renta (IRPF) somos la cuarta región que más ingresa a las arcas del Estado, con 4.239 millones de euros. El PIB de la industria de la Comunitat está por encima de la media nacional, lo que desmiente otra idea muy extendida, la de que el ladrillo ha acabado con las fábricas. Incluso esta creencia tan generalizada puede ser discutida y rebatida con datos: hablando en porcentajes, mientras la Comunitat incrementó el número de viviendas iniciadas entre 2001 y 2006 en un 63%, Murcia lo hizo en un 177%, y Castilla-La Mancha en un 218%. Ese año, el anterior al estallido de la crisis, entre Valencia, Castellón y Alicante se comenzaron a levantar 92.991 casas, por 101.771 en Cataluña y 134.381 en Andalucía.

Para certificar su capacidad productiva, la Comunitat era, al cierre del ejercicio 2011, la cuarta autonomía en número de empresas, con 133.837, el 11,05% del total de España, sólo superada por Cataluña, Andalucía y Madrid. Es la quinta por exportaciones, con un balance comercial más equilibrado que tres de las cuatro que la anteceden. Y posee empresas que no sólo dan trabajo en territorio valenciano sino en toda España, como importantes firmas del sector de la distribución o el agroalimentario.

Valencia, además, es una comunidad leal a España, que históricamente ha aportado más de lo que ha recibido, y lo ha hecho con altura de miras, sin rencores nacionalistas propios de otras latitudes peninsulares. En esta hora amarga, cuando la política parece tan lejos de los ciudadanos, no es momento de caer en derrotismos que a nada conducen. La defensa de Valencia no puede servir para tapar las vergüenzas de una gestión pública que no ha respondido al interés de la colectividad, pero la sociedad valenciana, sus 5 millones de habitantes, la historia de Valencia, no merecen la campaña de descrédito a que está siendo sometida de forma injusta y gratuita.

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