Más asesores que diputados

Las tres diputaciones de la Comunitat Valenciana mantienen un centenar de asesores que cuestan anualmente 4,3 millones de euros. Las tres instituciones disponen conjuntamente de un presupuesto global de 660 millones de euros, una cantidad 19 veces inferior a las cuentas que maneja la Generalitat ya aplicado el recorte de 1.057 millones aprobado por el Consell. Y mientras las corporaciones provinciales cuentan con 116 asesores en plantilla, todo el Gobierno autonómico dispone de 88.

El asesor, como su propio nombre indica, debería ser una persona formada que orientara al político que está al frente de la gestión en cualquier institución sobre los asuntos que éste le plantease. Pero la realidad es bien distinta. Al margen de que el contratado pueda o no tener una formación sólida que le permita dar consejos al jefe en la toma de decisiones, esta figura se ha convertido en un puesto para colocar a alcaldes o concejales que no tienen cabida como diputados provinciales.

El número de consejeros designados tanto por los equipos de gobierno y los asignados a los partidos de la oposición, además, es incluso superior al de diputados provinciales: 116 frente a 88.

De las tres corporaciones provinciales, la de Alicante es la que más recursos destina a sostener al mayor número de asesores de las tres diputaciones. Y eso a pesar de que su actual presidenta, Luisa Pastor, alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig, cogió la tijera al poco de tomar posesión del cargo y en el pleno del pasado 1 de agosto redujo una veintena el número de estos y también cortó el complemento de productividad de 6.000 euros. A pesar de ello, la Diputación alicantina aprobó la contratación de 44 asesores. Cuenta con una provisión de gasto de 1.492.193 euros, para un total de 31 diputados.

El objetivo, apuntaron fuentes de la institución provincial alicantina, era reducir un 25% el gasto en asesores. En los años de José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación se alcanzaron los 70 cargos de confianza y el gasto destinado a este menester rondaba los tres millones de euros anuales. Eran los días de vino y rosas de Ripoll como referente provincial alicantino que acabaron cuando, tras las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo pasado, los concejales del PP de la comarca de l'Alacantí, de la mano de José Císcar como hombre fuerte de Francisco Camps en Alicante, impidieron por abrumadora mayoría que el abanderado del zaplanismo tuviese la opción de convertirse siquiera en diputado provincial.

Luisa Pastor, además de recortar en las asesorías, eliminó cinco gerencias de área, que estaban ejercidas por personal contratado cuyo coste era de medio millón de euros, apuntan distintas fuentes oficiales. La presidenta también eliminó la figura del subdirector del gabinete de comunicación y la del director del Museo de Bellas Artes Gravina, más conocido como Mubag, instalado en el alicantino Palacio Conde de Lumiares. La labor la desarrollan actualmente funcionarios.

La alcaldesa de Sant Vicent, no obstante, todavía no ha acabado de rellenar esos 44 puestos. Aún le quedan ocho por nombrar: siete en el grupo de diputados del PP, cuando tiene asignados 13, y uno de la docena del área de Presidencia. El grupo socialista cubrió las 11 plazas, tantas como diputados socialistas hay representados en la institución provincial. Después de que el PP alicantino se desembarazara de Ripoll, acabaran las luchas intestinas en el partido y se haya iniciado un proceso de integración y unidad en la organización provincial, Luisa Pastor está empezando ahora a dar paso a representantes de todas las sensibilidades del PP provincial. Ha abierto la puerta a Ginés Lifante, una persona afín a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con una larga trayectoria en el PP de la ciudad y secretario general adjunto de la organización provincial popular; ha incorporado a Consuelo Maluenda, significada ripollista; ha dejado entrar a José María García Rodríguez, que fue diputado provincial con Julio de España y gerente del departamento de Ciclo Hídrico con Ripoll de presidente; Francisco Savall, dirigente del PP en Benidorm, una de las personas de confianza de Pérez Fenoll, también se ha integrado.

En cuanto a sueldos, el asesor que coordina el grupo popular en la Diputación de Alicante se embolsa 37.411 euros anuales. El grupo del PP también tiene presupuestados 35.750 euros anuales para ocho asesores (el grupo socialista tiene siete de ese nivel), un funcionario de apoyo a tiempo parcial a razón de 17.875 euros al año (otro para el PSOE) y tres auxiliares de apoyo, a 19.789 euros anuales (tres más para los socialistas). También se destinan ocho asesores de apoyo a las agencias gestoras de Dénia, Cocentaina, Rojales y Villena.

El jefe de gabinete de Luisa Pastor percibe 64.039 euros al año, lo mismo que el asesor de la presidenta, mientras que el jefe del gabinete de comunicación obtiene 54.804 euros. La secretaria particular de la responsable de la corporación alicantina percibe 41.076 euros.

En el caso de Castellón, la corporación provincial que dirige Javier Moliner se gasta 1.417.327 euros en personal de confianza, cuando el presupuesto global es solamente de 116 millones de euros.

Los nuevos integrantes de la entidad -Moliner sustituyó a Carlos Fabra en el cargo al constituirse la actual legislatura- disponen de 35 asesores para atender a 27 diputados. El grupo socialista, con ocho representantes, dispone de tres asesores; el Bloc, con un diputado, tiene dos; el PP, con 18 miembros en el grupo, dispone de 30 consejeros.

La Diputación castellonense decidió no rebajar el número de personal de confianza, pero sí redujo un 30% su coste, afirmaron al darles el visto bueno. No obstante, los sueldos son sensiblemente más altos que los que se aplican en las otras dos corporaciones. Por ejemplo, según los datos hechos públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, el coordinador del grupo del PP, que no es un diputado, cobra 31.500 euros anuales, sueldo al que se añade un complemento específico anual de 9.684 euros; redondeando, 41.000 euros. Y el coordinador del grupo socialista cobra más que el del PP, porque el sueldo es el mismo pero el complemento roza los 17.600 euros; total, 49.094 euros. Y el director de gabinete de presidencia suma casi 23.200 euros a los 31.500 de sueldo anuales: 54.700 euros. El director de comunicación, por ejemplo, dispone de la misma ayuda y junto a los 45.000 de sueldo anual llega a cobrar 68.200 euros.

El director de la Oficina Agraria cobra 45.000 euros anuales a los que suma el mayor complemento específico, 29.588 euros: 74.588 euros. El director de la Oficina Económica suma a sus 40.000 euros la nada despreciable cifra de 28.051 euros más.

El menor complemento que cobra una de las personas de confianza contratadas por la corporación de Castellón es de 7.894 euros anuales para que los auxiliares de los vicepresidentes perciban alrededor de 30.000 euros anuales.

Lo que más ha criticado la oposición socialista en la Diputación de Castellón es que el PP haya utilizado esos puestos de confianza para colocar a alcaldes populares.

La administración provincial que menos gasta en estos menesteres es la de Valencia.

«Los políticos tenemos que dar una imagen de austeridad cuando no hay dinero y hay que ser realistas y cumplir con los compromisos que tenemos». La frase la pronunció hace una semana Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, que empezó a apretar el cinturón de sus diputados ya en la anterior legislatura y en el inicio de la actual les ha obligado a seguir ajustando gastos para destinar la mayor cantidad de dinero posible a los municipios, la única razón de existir de estas corporaciones, aunque a veces las distintas administraciones provinciales no parecen sino un pequeños reino de taifas dentro de los miniestados en los que se han convertido las autonomías en España, tal y como ha alertado en diversas ocasiones el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

Quizá por esos recortes iniciados en la anterior legislatura por Alfonso Rus hoy la Diputación de Valencia sea una de las pocas entidades públicas de la Comunitat que no sufre problemas de Tesorería y disponga de dinero para invertir en los municipios.

Con un presupuesto para el actual ejercicio que es ligeramente inferior al de 2011 -asciende a 366 millones de euros- la corporación provincial de Valencia destina 1.397.294 euros al sueldo de sus 37 asesores.

El departamento de Presidencia dispone de seis plazas, entre los que se encuentran su jefe de gabinete, un secretario particular, dos asesores e incluso dos personas encargadas de la seguridad. A ellos hay que sumarles otros cinco, referidas a jefaturas de área de gestión: el coordinador de cultura, un jefe de gabinete para el área de economía, otro para protocolo, uno más para relaciones institucionales y un último dedicado a planes y programas.

Los 31 diputados se reparten 26 asesores, cuando en la anterior legislatura había 38 personas de confianza de los representantes municipales. Con ello, la Diputación de Valencia ha conseguido ahorrar 622.000 euros, un 33%. El mayor descenso lo experimenta el grupo del PP, que pasa de 23 a 16, mientras que el grupo socialista pierde cinco asesores y de 13 que tenía en el anterior mandato se queda con ocho, y uno cada uno los diputados de Compromís y de Esquerra Unida, con lo que estos últimos pierden una persona de confianza y se la ceden a los nacionalistas, que en 2007-11 no tenían representación.

Los cuatro grupos, incluidos los de un solo diputado, disponen de un asesor que actúa como coordinador de grupo de nivel 1 y percibe 44.485 euros anuales.

El PP tiene ocho asesores de nivel 1; el PSPV, otros cuatro a razón de 38.318 euros cada uno. Los populares cuentan con siete asesores más de nivel 2, mientras que los socialistas consiguieron otros tres asesores en julio, cuando se aprobaron, que cobran cada uno 32.533 euros anuales.

Los 16 asesores del PP le cuestan a la corporación provincial valenciana 578.771 euros y los 10 de toda la oposición, 384.333 euros más.