Gandia debe pagar una indemnización de 91 millones por rescindir el contrato del agua

El negocio del agua no ha salido redondo para los ciudadanos. Gandia recibió de manera anticipada 67 millones de euros de Aguas de Valencia de los cánones del servicio del recurso hídrico (55 millones en 2008) y alcantarillado (12 millones en 2010), pero deberá pagar ahora un total de 91,271 millones de indemnización.

El entonces alcalde socialista José Manuel Orengo fue quien firmó los dos contratos de concesión para la gestión del servicio de suministro domiciliario del agua potable y del alcantarillado. Sin embargo, según denunciaron ayer desde el gobierno popular, «ni un euro» fue a parar a su destino, que era la mejora de la calidad del agua y la elaboración de un Plan Director que asegurara a través de obras, como renovación de tuberías, el mantenimiento y las condiciones óptimas del suministro durante 25 años.

El montante lo invirtió el gobierno del PSPV en otros proyectos de mejora de la ciudad, en saldar deudas, facturas o incluso en indemnizar al exjefe jurídico Eduardo Costa para cumplir una sentencia judicial.

Ha pasado el tiempo y los 67 millones de euros se han esfumado. El ejecutivo del PP se ha encontrado con que ha de ejecutar los planes directores del agua y del alcantarillado, pero las arcas están completamente vacías.

Esta situación ha obligado al Partido Popular a tomar una medida drástica: la rescisión del contrato con Aguas de Valencia. Esta decisión se ha llevado a cabo «como única salida» después de que un informe del interventor municipal indicara que es imposible acometer dichos planes directores debido a la asfixia económica que sufre el Consistorio.

La repercusión que tiene esta ruptura del convenio es mayúscula, ya que el Ayuntamiento deberá pagar más de 91 millones de euros en concepto de indemnización a la empresa.

El consejero delegado de Asuntos de Alcaldía, Javier Reig, explicó que el Ayuntamiento deberá reconocer una deuda de más de 76 millones de euros a favor de Aguas de Valencia, así como una indemnización por resolución anticipada por valor de 3,3 millones de euros.

A ello se le suma reconocer una deuda de 9,9 millones de euros a la sociedad Actuacions Mediambientals (sociedad mixta participada en un 51% por IPG y en un 49% por Aguas de Valencia, S.A) en concepto de indemnización, así como 1,8 millones de euros por resolución anticipada a Aguas de Valencia en calidad de socio privado de la misma. La continuidad del servicio queda garantizada. El próximo paso que dará la Administración Local es sacar a concurso público la gestión de los servicios del agua y alcantarillado de forma conjunta y ampliar el periodo de concesión a 50 años.

No subirán las tarifas

El portavoz del gobierno, Víctor Soler, calcula que en mayo estará ya todo resuelto. El concejal popular dejó claro su compromiso de no incrementar las tarifas del agua potable y del alcantarillado. Es más, llegó a proclamar que las reduciría.

Asimismo, en el convenio se incluirán las obras del Plan Director «para que al Ayuntamiento no le cueste nada». Ahora, en plena crisis económica, lo complicado será que una empresa opte para llevar a cabo el servicio de agua y alcantarillado, aunque desde el gobierno remarcaron ayer que ya había mercantiles interesadas.

La ganadora del concurso se vería obligada a abonar los 91 millones de euros de la indemnización a Aguas de Valencia. En el caso de que nadie concurriera, el montante lo pagaría el Ayuntamiento de Gandia, el cual soporta en estos momentos la escalofriante deuda de 300 millones de euros.

Reacciones políticas

Para los populares, la culpa de todo ello la tiene la «mala» gestión de Orengo. Víctor Soler calificó al exprimer edil socialista como «el peor alcalde de la historia de la ciudad por haber dilapidado la riqueza de Gandia y habernos dejado sumidos en la peor situación posible».

Por otro lado, pese a que Orengo aseguró que no iba a subir la tarifa del agua, Reig expresó que sí la iba a incrementar por triplicado, pero se esperaba a pasar las elecciones para que esta medida impopular no influyera en los votantes. El también edil no electo añadió que por aquellas fechas, Orengo ya había pactado esta intención con los responsables de Aguas de Valencia, extremo que fue negado por los socialistas.

El PP nunca ha estado de acuerdo con la concesión, por lo que llegó a llevar el tema de la privatización del agua durante la legislatura pasada a los juzgados. Y pese a que el juez dio la razón al Ayuntamiento de Gandia, ayer Reig manifestó que el tiempo ha demostrado que no era una concesión sino «un préstamo que Aguas de Valencia realizaba al gobierno de Orengo».

Por contra, los socialistas defienden la legalidad de la operación con Aguas de Valencia, a la que se refirieron como «la magnífica decisión de ingeniería económica y medioambiental de Orengo, que fue imitada y envidiada por otras administraciones». Precisamente por aquella denuncia realizada por Arturo Torró, el actual alcalde estuvo condenado a pagar los costes judiciales del proceso. Una deuda que tiene el alcalde con la ciudad de Gandia y que el PSPV recordó que todavía no ha pagado.