El Consell ultima un ERE para dos tercios de la plantilla del Instituto de la Vivienda

El Consell está ultimando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el Instituto Valenciano de la Vivienda que afectará a dos tercios de su plantilla.

La puesta en marcha de este expediente supone que se produzcan más de 200 despidos. La última Cuenta General del Gobierno autonómico mostraba que el IVVSA disponía de 347 trabajadores, a los que se dotaba con un presupuesto de personal que ascendía a 14,6 millones de euros. Pero desde hace un par de años los recortes han ido reduciendo la plantilla hasta unos 330 operarios, apuntaron ayer fuentes cercanas a la sociedad.

El giro en la política de vivienda social emprendido por el Gobierno valenciano y los anunciados ajustes en el sector público empresarial de la Generalitat habían puesto en alerta a buena parte del personal del IVVSA. En esta nueva legislatura se habían quedado sin proyectos nuevos sobre los que trabajar y, además, habían recibido órdenes de liquidar los activos de esta empresa pública: solares y 4.000 pisos.

La gerente de la entidad, Inmaculada García, citó ayer de urgencia a los miembros del comité de empresa -la reunión estaba prevista para hoy- para comunicarle la apertura del ERE, aunque no les indicó el alcance que va a tener.

El IVVSA es la firma autonómica que se dedica esencialmente a hacer cumplir uno de los derechos que recoge la Constitución: garantizar el derecho a la vivienda, en especial a aquellas familias más desfavorecidas de la sociedad valenciana. Dispone de un parque de 16.000 inmuebles -ha puesto otros 4.000 en venta-, indicaron fuentes oficiales, repartidos a lo largo de la Comunitat, y actualmente facilita viviendas sociales a 14.000 familias con riesgo de exclusión, a quienes concede precios de alquiler que llegan a ser muy asequibles, algunos de los cuales oscilan entre tres y 20 euros mensuales, aunque no es lo habitual.

Pasarán a un segundo plano -prácticamente a su desaparición- las actuaciones de urbanización de suelo, que en la actualidad no tienen una gran demanda en el mercado, al igual que la promoción de Viviendas de Promoción Pública.

Con el incremento del número de parados en la sociedad valenciana durante los últimos cuatro años y también de desahuciados, la demanda de ayudas al IVVSA para poder disponer de un techo se ha incrementado, apuntan fuentes de la empresa, al igual que han tenido que redoblar sus esfuerzos los responsables locales de Cáritas o de la Casa de la Caridad en Valencia, entre otras instituciones.

La sociedad autonómica también impulsó, de la mano del entonces conseller Rafael Blasco, la construcción de Vivienda de Protección Oficial durante los años del boom inmobiliario, cuando ningún constructor de la Comunitat quería edificar pisos a precios asequibles y optaban por la vivienda libre, en especial en la franja litoral. Los precios de los inmuebles eran caros pero el crédito para adquirirlos era barato y los bancos y cajas ofrecían grandes facilidades. Entonces se decidió formalizar sociedades con compañías inmobiliarias y de promoción, junto a entidades financieras para edificar en solares comprados a precio de mercado por el IVVSA y poner en el mercado viviendas menos caras que las de renta libre.

«Eso también era política social, porque se posibilitaba a personas que no podían acceder a los pisos de renta libre que pudieran adquirir vivienda protegida», indicaron fuentes de la entidad.

Hoy en día, con la crisis económica en general y la inmobiliaria en particular, el IVVSA dispone de una bolsa de suelo adquirida a precio de mercado durante la etapa de vacas gordas de la que no se puede deshacer, entre otros motivos porque, por un lado, el mercado inmobiliario no está activo y las entidades financieras tampoco facilitan créditos a los constructores que pudieran estar interesados en construir en los solares propiedad del IVVSA.

Fuentes oficiales de la mercantil aseguraron que la puesta en marcha de un ERE le permitirá garantizar su futura viabilidad «y adecuar el personal laboral a la nueva organización de la empresa». Oficialmente dijeron que el alcance de esta medida no está fijado.

Los presupuestos autonómicos han pasado de conceder al IVVSA una dotación de 183 millones de euros el año pasado a 80 solamente para el actual 2012. Un recorte de 103 millones de euros. La empresa lleva más de dos años con restricciones de gastos pues la crisis económica y la propia de la construcción «han afectado de manera notable las expectativas de ventas de parcelas de suelo destinadas a nuevas viviendas protegidas así como a la propia venta de viviendas protegidas propias del IVVSA».

El IVVSA era una de las ocho empresas del sector público autonómico a las que el Consell había reclamado que le expusiera un conjunto de medidas urgentes para garantizar su viabilidad. Según fuentes consultadas, la mercantil ya presentó hace un par de años al Gobierno valenciano un informe de viabilidad en el que solicitaba que la Generalitat se hiciera cargo de la deuda generada por la actividad desarrollada y que los ingresos del parque de viviendas sirvieran para financiar a la sociedad.

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