Más de 150 arrestados por sustraer cobre y causar pérdidas millonarias

El robo de cobre registrado en el tendido ferroviario que dejó en tierra a miles de pasajeros de Renfe no es, ni mucho menos, un caso aislado. Este fenómeno delictivo en auge mantiene desde hace años en jaque a las fuerzas de seguridad, pero también a empresarios y particulares. El año pasado, en la provincia, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a más de 150 personas por sustraer este preciado metal, cuyo precio se ha disparado en el mercado internacional por el incremento de la demanda de países en vías de desarrollo.

El Ministerio del Interior mantiene activo un dispositivo especial para combatir esta modalidad criminal. Ese operativo logró reducir los robos en la provincia más de un 60% durante el tercer trimestre del año pasado (último con las estadísticas ya cerradas) en relación con el primero, aunque siguen los casos. Según la Subdelegación del Gobierno, los daños económicos a las arcas públicas y a los propietarios de fábricas y casas de campo son «ocho veces más cuantiosos» que lo que gana el delincuente con la venta del material sustraído. Así, un robo de 100 euros genera un perjuicio de 800, ya que el delincuente ha de destrozar varios elementos para llegar a su objetivo.

En la reducción de estos delitos también ha influido una nueva normativa que obliga a los chatarreros a tener un libro de registro que refleje el lugar donde se ha adquirido el material, el vendedor y la cantidad obtenida.

Hace un año, aproximadamente, agentes de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo una operación conjunta que incluyó la inspección de 1.019 chatarrerías en toda España. De las cien toneladas decomisadas en esa 'macrorredada', nueve fueron aprehendidas en la provincia. Las bandas que se dedican a esta actividad ilícita gozan cada vez de un mayor grado de especialización, con estructuras perfectamente organizadas y una jerarquía interna muy delimitada que les proporciona una gran agilidad y versatilidad.

Los delincuentes, además, son cada vez más audaces. No es la primera instalación ferroviaria que sufre un asalto de este tipo en la provincia, aunque los anteriores no habían alcanzado el calibre del registrado en San Vicente del Raspeig. Las obras del AVE han sido también blanco preferente de estos grupos en diversas provincias.

La última gran operación policial en la provincia contra estos ladrones se produjo en octubre de pasado año y se saldó con el arresto de 29 integrantes de un clan de origen serbocroata que podrían haber causado daños por importe de unos 5,5 millones de euros.

Polígonos y urbanizaciones enteras de toda la provincia se han quedado en los últimos años sin luz ni teléfono. Una banda búlgara llegó a sustraer en 2010 hasta 6.000 kilos de cable de la toma de tierra de la subestación eléctrica de Beneixama, la más importante de la provincia, en sucesivos golpes.