Las solicitudes de reagrupación familiar de extranjeros caen a la mitad por la crisis

ALICANTE. La crisis aprieta a todos los bolsillos, pero a los de la población inmigrante más aún si cabe que a los del resto de residentes en Alicante. Así lo han demostrado en los últimos años diversos estudios que reflejan cómo se ha reducido la población extranjera en la provincia y también en la ciudad de Alicante desde que comenzó la crisis. Un dato más que viene a corroborar esta tendencia es el de solicitudes de reagrupación familiar, que se han desplomado en los últimos cuatro años en el municipio.

Desde 2008, el número de extranjeros que ha iniciado los trámites para traer a Alicante a sus familiares directos se ha reducido a la mitad. En aquel año se registraron 881 solicitudes, mientras que en 2011 fueron apenas 427, según datos aportados por el Ayuntamiento de Alicante.

El organismo encargado de gestionar estas solicitudes es el Gobierno central, a través de la Subdelegación del Gobierno. No obstante, los consistorios también registran estas peticiones, dado que han de colaborar en cada expediente certificando que las viviendas que serán sede del nuevo núcleo familiar cumplen condiciones idóneas de habitabilidad.

En Alicante, es la Policía Local adscrita al servicio de Aperturas de la Gerencia de Urbanismo la que se encarga de realizar estas inspecciones, por lo que dispone de un registro de las mismas.

Este registro muestra que de las 881 inspecciones realizadas en 2008 se pasó a 607 en 2009, 526 en 2010 y apenas 427 en 2011.

Y es que, como reflejan los datos del censo, la crisis ha hecho que muchos extranjeros abandonen la ciudad en los últimos años y que, los que se quedan, vivan en circunstancias más precarias, que les impiden traer y mantener a sus familiares.

La reagrupación familiar es una forma de residencia temporal que permite traer a España a un cónyuge, un hijo menor de 18 años o un progenitor mayor de 65 años, si se cumplen determinadas circunstancias y requisitos.

Los solicitantes han de llevar residiendo un año en territorio español y haber solicitado u obtenido la autorización de residencia para otro año más, en el caso de querer reagrupar a hijos o cónyuges. Si se desea reagrupar a ascendentes (progenitores), el permiso de residencia tiene que ser permanente.

Además, han de demostrar que disponen de un alojamiento adecuado y medios de subsistencia suficientes para atender sus gastos y los de su familia.

Es en función de estos requisitos que la Brigada de Policía Local adscrita a Urbanismo se encarga de realizar inspecciones a viviendas, previa solicitud de los interesados (vía Registro).

Los agentes realizaban hasta hace poco entre 15 y 20 inspecciones a la semana, pero ahora el ritmo ha caído por la reducción de las solicitudes de reagrupación familiar. Las condiciones exigidas para un informe favorable por parte de la Policía Local (que no implica el visto bueno definitivo, que lo otorga Extranjería), son que la vivienda cumpla con condiciones mínimas de habitabilidad: que esté dotada de agua, ventilación, aseos en buenas condiciones, cocina, etcétera.

Además, la Policía Local ha de reflejar en el informe las personas que conviven en el piso de referencia, según los datos del Padrón Municipal o certificados de convivencia que se aporten.

No se puede conceder el permiso a viviendas sospechosos de ser 'pisos patera', en los que residen más personas de las que dictan las condiciones mínimas de habitabilidad de una casa, por lo que se vigila bien que no se haya convertido cada habitación en un infrapiso independiente.

Más del 90% de los informes de esta brigada son favorables, señalan los agentes. «Se solicitan inspecciones para viviendas normales, que en la mayoría de los casos cumplen los requisitos exigidos», explican.

En muy pocos casos emiten informes desfavorables, por circunstancias como «camas en el salón de la vivienda o candados en las puertas que impiden el acceso a alguna dependencia». Y es que la Policía debe poder acceder a todas las estancias, sin excepciones.