El Gobierno abre la puerta a los trasvases y apuesta por una política hídrica «solidaria»

El Gobierno apostará por una política hídrica «solidaria» entre las regiones y por los trasvases «para aprovechar aguas excedentarias». El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, adelantó ayer que elaborará un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice el suministro de agua en «calidad y cantidad suficiente» y de forma «integral y solidaria» en todo el territorio nacional. Además, tumbó las desalinizadoras, la alternativa del Ejecutivo socialista para traer agua a la Comunitat tras la derogación del trasvase del Ebro.

Con sus críticas vertidas en relación al fracaso de estas plantas «dudosamente sostenibles» y su apuesta por una gestión hídrica «solidaria», el ministro abre las puertas a futuros trasvases e inyecta esperanza a los regantes valencianos. Sus declaraciones no sólo pueden aplicarse a la transferencia desde el Ebro, sino también al mantenimiento del Tajo-Segura, fundamental para los regadíos levantinos y rechazado en sus condiciones actuales por el Ejecutivo manchego.

Ayer, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro consideró que «unidad de cuenca y trasvases no son incompatibles» y que no hay por qué tirar las aguas «excedentarias» siempre y cuando se respeten los caudales ecológicos. Además, apeló a la Constitución, que recoge los principios de «solidaridad y cohesión territorial». Arias Cañete reprochó la «preocupante herencia» recibida del anterior Gobierno en materia de agua, cuya gestión calificó como «catastrófica». Tras suprimir el Plan Hidrológico Nacional en 2004, la ministra Cristina Narbona inició el programa de desalación de agua de mar, «que apenas facilita 111 hectómetros cúbicos de agua, el 16% de los 778 previstos».

En la Comunitat, las desalinizadoras impulsadas como sustitución al trasvase del Ebro sólo han aportado el 6% del caudal prometido. El bautizado como Programa Agua incluía 43 actuaciones en tierras valencianas, designadas como urgentes, para aportar 400 hectómetros cúbicos anuales. El resultado real es que sólo ha generado 26 al año.

Prueba del fracaso del plan en la Comunitat es que sus dos proyectos más emblemáticos, y los más costosos, están inutilizados. Se trata del trasvase Júcar-Vinalopó y de la desalinizadora de Torrevieja, la más grande de Europa. Ambas infraestructuras, que aún no han entrado en funcionamiento, costaron 550 millones de euros.

El trasvase, ideado para suplir el déficit de abastecimiento y las necesidades de los regadíos de la cuenca del Vinalopó, ya está construido. Los empresarios y agricultores de la provincia de Alicante quieren que se retome el diseño inicial de la transferencia (en Cortes de Pallás), con el argumento de que la infraestructura actual dispara el coste final del metro cúbico de agua y reduce su calidad. Sin embargo, los regantes del Júcar apuestan por mantener el arranque de la conducción en el azud de la Marquesa, situado en las inmediaciones de la desembocadura. Estos sostienen que es el único punto donde existen sobrantes, pues en Cortes el caudal está regulado al 100%.

En el caso de la desalinizadora de Torrevieja, la obra no está en funcionamiento por las tensiones surgidas entre el Gobierno central y la Generalitat, que han derivado en retrasos en la concesión de las autorizaciones necesarias para su puesta en marcha.

El Programa Agua tenía prevista la creación de otras ocho desalinizadoras en la Comunitat Valenciana, aunque a día de hoy sólo dos están operativas, y una de ellas (Alicante I) ya estaba programada con anterioridad y entró en funcionamiento durante el Gobierno de Aznar. Respecto a la de Sagunto, en la actualidad se encuentra ejecutada y en fase de pruebas.

Arias Cañete también criticó el precio que tendrá el metro cúbico de agua desalada para los agricultores. «Este coste es muy superior al que puede soportar el sector, y, por lo tanto, para hacer viable el uso de las desalinizadoras hay que recurrir a una cadena de asociaciones encubiertas, ya que los agricultores no demandan este agua al no poder pagarla», aseguró.

El nuevo Plan Hidrográfico Nacional incluirá la coordinación de las Confederaciones Hidrográficas y las sociedades de aguas. Además, se revisarán «todos» los planes de demarcación hidrográfica, al tiempo que se potenciará la reutilización y la depuración con el objetivo de cumplir con la normativa europea. En este contexto, Arias Cañete lamentó el «incumplimiento» por parte de España de la Directiva Marco de Agua, que le convierte en el país «más atrasado en Europa» en su aplicación.

Las reacciones a la nueva política hídrica no se hicieron esperar. La Unió de Llauradors y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) destacaron que España necesita un Plan Hidrológico Nacional «lo más consensuado posible» y regido por «criterios técnicos y no políticos», y subrayaron que un Plan basado en la «crispación» no funcionará.

Participación de todos

En este sentido, el secretario general de la Unió, Ramón Mampel, afirmó a Europa Press que habrá que ver «cómo se presenta y de qué manera se desarrolla» y exigió la «participación de todos» para que sea «viable para todos». Por su parte, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, solicitó al ministro que se siente con los agentes implicados para establecer «un diálogo abierto» sobre el agua. «España necesita un PHN lo más consensuado posible y dudo de que se pueda conseguir en un ambiente dividido», remarcó.

Y es que la Plataforma en Defensa del Ebro ya ha anunciado que se movilizará tras conocer la medida. La agrupación insistió en que la política hídrica del nuevo Ejecutivo es «claramente trasvasista». El diputado por Aragón al Congreso, Chesús Yuste (CHA), afirmó que el Gobierno planea el trasvase del río Ebro y animó a los aragoneses a desempolvar «las pancartas». Además, PSC, ICV y ERC también auguraron que el nuevo Plan Hidrológico anunciado por el ministro resucitará la citada transferencia.