Concesiones rompe el diálogo con Aerocas y exige recuperar su inversión en el aeropuerto

Se acabaron las negociaciones: Concesiones Aeroportuarias rompe relaciones con Aerocas y exigirá el pago íntegro de los 80 millones de euros que invirtió en el aeropuerto de Castellón, acabando de este modo con la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado con la promotora después de que ambas entidades rompieran su relación contractual a finales del pasado mes de diciembre.

Y es que los representantes de ambas entidades, Carlos Fabra, presidente de Aerocas, y Pedro Gimeno, vicepresidente de Concesiones Aeroportuarias, no se mordieron ayer la lengua y se culparon mutuamente de los continuos retrasos en el aeropuerto, escenificando de manera clara que están muy lejos de llegar a un acuerdo, a pesar de que el mismo Fabra declaró el lunes que se mantendría la negociación con la empresa, ya que es mejor «un mal acuerdo que un buen juicio».

De este modo Gimeno, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, apuntaba que Aerocas puede contar actualmente con la infraestructura «gracias a nosotros, que solventamos la papeleta de la administración y ahora nos quedamos con lo puesto». Asimismo, el representante de la empresa que iba a gestionar el aeropuerto -antes de denunciar a la administración pública ante un juzgado de Castellón por incumplimiento de contrato, lo que precipitó la ruptura entre las partes- culpa del fracaso del recinto al hecho de que «hay mucha gente 'chupando del bote'».

Y es que Gimeno afirma que, de no haberse roto el acuerdo, «el aeropuerto estaba listo para que llegaran aviones en abril», puesto que «habían acuerdos cerrados con varias aerolíneas».

Un análisis de la situación totalmente contrario al que sostuvo ayer Carlos Fabra, quien en su comparecencia ante los medios ayer en la Cámara de Comercio culpó a Concesiones Aeroportuarias de que se tenga que remodelar, por su reducido tamaño, la plataforma de giro que llevará finalmente a cabo la Generalitat con cargo a un aval de cuatro millones de euros.

El presidente de Aerocas afirmó que el incumplimiento es responsabilidad de la que fue la empresa concesionaria, que hizo «caso omiso de lo que la dirección técnica del aeropuerto le ha dicho desde 2006». Fabra explicó que ese año, después de la paralización «tan generosa» de las obras por parte del Ministerio de Fomento, Concesiones hizo una modificación y «suprimió los carriles de las vías laterales de rodadura». Esto se hizo, aseguró, «con nocturnidad y sin autorización de la dirección técnica».

A partir de ese momento se les dijo que para poder funcionar como aeropuerto de línea comercial «era necesario ampliar la plataforma de rodadura», pero la gestora hizo «caso omiso». La plataforma de giro necesita cimentación y rodadura especial, «con mayor fijación para soportar el peso de los aviones», explicó, ajustada a lo que marca la Agencia de Seguridad Aérea (AESA).

Ahora será Aerocas quien haga esas obras con cargo a un aval de cuatro millones de euros que se ejecutará antes del 30 de marzo, y el proyecto se hará en un plazo de un mes y medio.

Al ser preguntado sobre la ruptura del contrato con Concesiones Aeroportuarias, Fabra manifestó que se tomó la decisión por los incumplimientos, y aunque la concesionaria presentó una demanda «no va a paralizar nada».

Cruce de declaraciones

Pero durante toda la jornada de ayer no pararon de precipitarse las declaraciones y las reacciones. Aerocas emitió un comunicado por la tarde en el que aseguraba que la modificación de la zona de giro de las pistas tenía un coste de 600.000 euros. Más tarde, en el pleno de Les Corts, la consellera Lola Johnson, a respuestas de Esquerra Unida, daba un nuevo giro al 'culebrón' del aeropuerto de Castellón.

Pese a que el Consell ya ha recepcionado las obras pese a saber que no estaban bien hechas -entre otras cosas, para inaugurar el aeropuerto el pasado año-, ayer dijo la consellera que es la concesionaria la que debe asumir el coste de las obras, aunque el propio Fabra tanto por la mañana como en un comunicado, dijera lo contrario. Por su parte, la diputada Marina Albiol tildó de «robo» el acuerdo firmado entre Fabra y la empresa en su día.