Sólo seis colegios tenían deudas por impagos en el inicio de las protestas

Los problemas vividos en los colegios e institutos públicos por los impagos de los gastos de funcionamiento no fueron tan graves ni generalizados como han dado a entender padres, sindicatos y alumnos en las manifestaciones de los últimos meses.

Al menos es lo que se desprende de los informes de gestión económica presentados por los centros en la Conselleria de Educación, teniendo en cuenta que con un 70% de los balances remitidos hasta el momento sólo seis presentaban saldos negativos y deudas, y por tanto, tenían motivos de sobra para reclamar de forma urgente las cuantías atrasadas para mantener la normalidad académica. En total han entregado sus cuentas 1.159 de los 1.657 colegios e institutos que hay en la Comunitat. El resto deberá hacerlo antes del día 15, aunque parece poco probable que la tendencia cambie cuando se conozca la contabilidad de todos.

El retraso en el abono de los gastos ha calado de forma clara entre la comunidad educativa, especialmente entre los padres. De hecho, buena parte del éxito de las movilizaciones promovidas por los sindicatos docentes ha radicado en la participación de los padres y alumnos. Al fin y al cabo, cuestiones como la falta de calefacción, luz o material fungible son las que más preocupan a las familias, al entender que afectan gravemente a las condiciones de escolarización y al rendimiento de los hijos.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, los 1.120 centros auditados hasta el momento cerraron 2011 con un superávit de 33 millones de euros. Hay que recordar que entonces no se habían ingresado las cuantías impagadas correspondientes a los dos últimos cuatrimestres del año pasado. Este dinero llegó a través de sendas órdenes que se firmaron el 24 de enero y el 14 de febrero. Por lo tanto, en la actualidad todos deberían disponer de liquidez suficiente para cubrir los gastos de funcionamiento, como son la electricidad, el agua, la climatización, el teléfono o el material escolar.

A raíz de la publicación del decreto de medidas urgentes contra el déficit, que en su redacción actual implica una serie de recortes salariales para el personal funcionario de la Generalitat, las organizaciones sindicales han tomado la calle con manifestaciones y concentraciones semanales en centros administrativos, sanitarios y educativos reclamando su retirada.

Muchas de las movilizaciones organizadas en los colegios -y también las protestas estudiantiles de las últimas semanas- han servido para denunciar situaciones de precariedad por los retrasos. Según la información de la Conselleria, al menos 90 centros que hicieron públicos sus problemas económicos tenían superávit en sus cuentas a 1 de enero. También hubo casos justificados, aunque puntuales. Sucedió con el IES Jorge Juan de Alicante, al que se le cortó la luz por la falta de pago a la empresa suministradora, o con el instituto Andreu Sempere de Alcoi. En ambos los problemas se solucionaron a las pocas horas tras la mediación de la Conselleria, según las mismas fuentes.

Sin embargo, hay otras situaciones concretas y llamativas. El colegio de Infantil y Primaria Heretats de l'Alcúdia denunció a mediados de enero que se encontraba en número rojos debido, sobre todo, a los impagos de las becas de comedor, según denunció el Ampa. Sin embargo, a 1 de enero disponían en la cuenta de 13.659 euros.

Sin calefacción y con dinero

Algo parecido sucedió en el IES Cavanilles de Alicante, donde se llegó a asegurar hace escasas semanas que se restringía el uso de la calefacción por la falta de recursos, a pesar de tener un saldo positivo de 93.952 euros a principios de año. Además, la denuncia llegó después de que la deuda de los gastos de funcionamiento se hubiera saldado.

En el colegio Profesor Tierno Galván de Puerto de Sagunto, el profesorado, en un comunicado remitido a mediados de enero, informaba de la dificultad de asumir gastos en materiales como tizas, tóner o papel higiénico por la delicada situación económica. Los datos del balance anual hablan de un superávit de 54.486 euros a 1 de enero. También llama la atención el caso del María Ibars de Dénia, donde los alumnos protestaron durante una jornada de huelga con mantas en el patio. Pero este problema poco tenía que ver con el centro, que disponía de 208.394 euros.

Desde Educación argumentan que los pagos ya se han normalizado tras abonar cerca de 200 millones para saldar las deudas con los colegios públicos y concertados, con las universidades o con los centros especiales de empleo, por poner varios ejemplos.

Para el curso que viene, el programa informático Itaca que se utiliza en los centros educativos permitirá a la Conselleria conocer en tiempo real el estado de las cuentas. Esto servirá para detectar y solventar con rapidez los problemas de liquidez que se presenten.