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LAURA GARCÉS ,
Martes, 6 de marzo 2012, 03:22
El pasado mes de enero la Generalitat aprobó el decreto que contiene las medidas de ajuste para las distintas áreas de la gestión pública. Desde aquella fecha se han ido adoptando decisiones que han despertado variadas reacciones y distintos interrogantes. Entre ellos: ¿Se está consiguiendo el objetivo de ahorro con el que se planteó el decreto?
A juzgar por los datos que facilita la Conselleria de Sanidad, todo apunta al sí. En este ámbito de la gestión pública ya se han cosechado resultados: 22 millones es la cantidad de dinero que aseguran que se ha ahorrado desde que comenzó el año, entre enero y febrero. Algunas medidas llevan dos meses en marcha, otras uno. Y también las hay todavía en estudio, pendientes de su ejecución. Serán estas las que a lo largo del año puedan incrementar el ahorro.
La contención del gasto farmacéutico, que solo en el primer mes del año permitió ahorrar 12 millones, encierra la mayor aportación al montante total. En ese apartado ha sido posible rebajar el capítulo de salidas con la reducción de 230.000 recetas emitidas, la revisión de 13.000 historiales farmacológicos y las medidas de ámbito estatal dirigidas a reducir el precio de los medicamentos o a la prescripción por principio activo.
Y el resto, hasta alcanzar los 22 millones, ¿cómo se ha conseguido? En el apartado de personal Sanidad destaca que se han ahorrado 6,5 millones como consecuencia de la aplicación de medidas para mejorar la eficiencia en el establecimiento de turnos y horarios de trabajo.
Sanidad asegura que la contención del gasto en personal no «afectan a nada que tenga que ser negociado en la mesa sectorial». Se trata de «gestión pura y dura», algo que entre otras actuaciones ha comportado «mejorar el control del absentismo laboral y realizar sustituciones cuando realmente se tienen que hacer».
Y con todo ello, sostienen que no solo han conseguido reducir el gasto, también que «los indicadores de calidad asistencial son mejores que los del año pasado y el tiempo de demora en la asistencia está por debajo del dato del ejercicio anterior». El dinero ahorrado en el capítulo de personal todavía no contempla la supresión del complemento de carrera profesional a los médicos.
También es millonario el ahorro cosechado con la revisión y renegociación de los conciertos con centros privados para la realización de pruebas diagnósticas u otros servicios como resonancias, TAC o ventiloterapia, entre otras. La disminución de los precios ha alcanzado una media del 7,5% , lo cual ha permitido que el gasto se haya rebajado en «2,5 millones en febrero, como resultado de la división del ahorro anual entre los doce meses del año». La negociación de la rebaja en los precios se hizo en enero.
Las operaciones
Las intervenciones de cataratas, que durante varios años se derivaban a hospitales privados para reducir las listas de espera, desde el pasado mes de febrero las asumen los públicos. Ya no se ofrece la posibilidad de elegir un centro privado para someterse a esta operación. Y así se ha conseguido ahorrar 720.000 euros.
Asumir en los propios centros sanitarios las intervenciones de cataratas, tal como se apuntó a finales de 2011 desde la conselleria, se planteó tras constatar que la derivación a centros privados no es más barata que practicar las intervenciones en los centros de la red pública. Todo apunta a que resulta más caro detener la actividad quirúrgica de los hospitales. Incluso han mantenido que operar en las instalaciones públicas reduce un 60% el coste de cada intervención.
De momento son las operaciones de cataratas las únicas que han dejado de derivarse, pero en los próximos meses otros actos quirúrgicos correrán la misma suerte. En estos momentos «se está trabajando para disminuir la derivación». En alguna ocasión incluso se ha apuntado que los próximos pacientes que dejarán de dirigirse a un centro privado serán aquellos que requieran una intervención de hernia.
El departamento autonómico poco más ha concretado al respecto. Insisten en que se está estudiando cómo actuar para poder extender esta medida a más operaciones. Hay que dirimir varias cuestiones y entre ellas algunas que afectan a las condiciones de trabajo del personal sanitario.
Las circunstancias de los distintos centros sanitarios llevan a tener que determinar si pueden asumir las intervenciones que hasta ahora se derivaban a otros centros y en caso de que así sea cómo hacerlo. De hecho desde Sanidad apuntan que uno de los aspectos que se tendrán que estudiar es si «se ofrece trabajar por las tardes».
El gasto que genera el consumo energético que requieren las prestaciones sanitarias es otro de los apartados en los que los responsables de la gestión sanitaria han intervenido para rebajar la factura. Y aseguran que ya se ha conseguido. En el tiempo de vida del año 2012 se han ahorrado 120.000 euros en este apartado que se fundamenta en la «eficiencia».
Hasta el pasado mes de enero cuando algún ciudadano perdía su tarjeta SIP o se le estropeaba hasta el punto de tenerla que cambiar, no tenía que pagar nada. Se emitía un duplicado y finalizaba la gestión. Ahora es distinto. Obtener una nueva tarjeta comporta pagar tres euros, medida que ha comportado a las arcas públicas un ahorro de 96.000 euros, que fue el coste que generó la renovación de tarjetas a lo largo de los meses de enero y febrero de 2011.
Casi la misma cantidad, 100.000 euros, se ha dejado de gastar a lo largo de un mes con «el decreto de equipos directivos», que ha supuesto reducir los cargos públicos.
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