La Audiencia Nacional investiga por estafa a clínicas dentales de Alicante

Más de dos años después de que la cadena de clínicas Dental Line dejará 'colgados' a centenares de clientes en toda España, el Tribunal Supremo ha resuelto que debe ser la Audiencia Nacional la que centralice toda la investigación, ya que se trata de una presunta estafa con centenares de afectados en todo el país. Muchos de los pacientes vieron cómo se quedaban sin los tratamientos de miles de euros que ya habían pagado por adelantado.

En principio, el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Santiago Pedraz, rechazó la competencia al «estimar que no estaba acreditada la generalidad de personas» que exige la ley.

Sin embargo, la sala de lo penal del Supremo ha dictaminado ahora que «las características del asunto, con gran número e incremento de perjudicados en el territorio de más de una Audiencia, hace que, conforme a la doctrina expuesta, la competencia corresponda a la Audiencia Nacional». Y es que, según el alto tribunal, «se siguen procedimientos por denuncias similares en Málaga, Granada, Alicante, Zaragoza, Écija, Torrent, Elche, Cádiz y Sevilla», además de las 549 denuncias registradas en un juzgado de instrucción de Barcelona, que fue el que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional.

Estos procesos judiciales se iniciaron «a consecuencia de denuncias de pacientes de la entidad Dental Line, con 77 clínicas en España dedicadas a tratamientos dentales, que hacían pagar el tratamiento completo y en muchos casos no realizaron total o parcialmente el tratamiento comprometido y pagado», según el Supremo.

La cadena Dental Line, de origen granadino, cerró o vendió todos sus centros en 2009 por la situación de quiebra económica en la que se encontraba. En Alicante, más de 30 perjudicados interpusieron una denuncia por estafa ante la Policía Nacional en octubre de 2009. Sin embargo, el número de afectados es mucho mayor. En su denuncia, los pacientes aseguraban que habían pagado miles de euros por tratamientos dentales que no habían empezado o que estaban a medio terminar. Además, en muchos casos habían cerrado un contrato de financiación con entidades bancarias que debían seguir pagando.