El incremento de casos de abusos sexuales obliga a la Audiencia a juzgar dos cada mes

El «progresivo y preocupante» incremento de delitos de agresiones y abusos sexuales que llegaron a la Audiencia Provincial de Castellón durante el año pasado obligó a este tribunal a celebrar hasta dos juicios al mes relacionados con este tipo de hechos, convirtiéndose de este modo en la segunda tipología delictiva más común en los juicios orales, sólo por detrás de los delitos de tráfico de drogas, «de los que está cada vez más cerca, cuando tradicionalmente no había sido así».

Así lo manifestó ayer el presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez, durante su intervención para hacer balance judicial del año pasado en lo referente a la actividad de este órgano. El magistrado aseguró desconocer los motivos que explican el incremento de las agresiones sexuales, aunque cree necesario «realizar un estudio sociológico al respecto» para poder «reeducar» a la población.

Domínguez recordó que la Audiencia únicamente se ocupa de los abusos más graves, que son susceptibles de suponer más de cinco años de prisión, y especificó que en el incremento de este tipo de delitos no se incluyen los relacionados con la pornografía infantil, ya que Castellón no presenta datos «llamativos».

Después de los delitos contra la salud pública y los relacionados con la libertad sexual, los tipos delictivos más juzgados por la sección primera y segunda son lesiones graves y homicidios intentados, delitos contra el patrimonio, estafas y apropiación indebida, detención ilegal y robos, entre otros.

En su exposición de datos, el presidente de este tribunal también alertó sobre la excesiva carga de trabajo que está sufriendo el juzgado de vigilancia penitenciaria de Castellón, que lleva camino de «batir un récord» respecto a los asuntos que debe asumir, procedentes de los dos centros penitenciarios que hay en la provincia, que acogen a casi 3.000 presos. Es por ello que, en ocasiones, la Audiencia ha tenido que resolver recursos sobre la petición de permisos de un interno que se había producido «más un año antes» en primera instancia, cuando lo ideal sería que sólo hubiesen de transcurrir «unos cuatro o cinco meses».

Por este motivo, el magistrado explicó que desde Castellón se ha reclamado a las administraciones competentes que se habilite un segundo juzgado de vigilancia penitenciaria en la provincia, aunque la crisis hará que «este año, seguro que no contemos con este órgano judicial». Precisamente respecto a la creación de unidades, Domínguez tiene la esperanza de que el quinto juzgado de Nules sea finalmente una realidad, ya que el año pasado «se quedó a las puertas».

Sin embargo, no son estas dos unidades judiciales las únicas que se piden desde Castellón para mejorar el funcionamiento de los tribunales, ya que en la Ciudad de la Justicia haría falta, en opinión de los magistrados, un quinto juzgado de lo penal y el séptimo de instrucción, lo que implicaría la creación de una cuarta sección para la Audiencia.

Incremento mínimo

En cuanto a la actividad de este órgano concreto en el transcurso del año pasado, Domínguez reseñó que las secciones primera y segunda de la Audiencia Provincial de Castellón -que se ocupan de los casos penales- registraron 2.585 asuntos, poco más que en 2010, lo que significa que la carga de trabajo a asumir por el tribunal «se ha estabilizado».

Domínguez se felicitó porque dicha «estabilidad» también ha llegado al personal que forma la Audiencia, tanto magistrados como secretarios o funcionarios, después de «etapas en las que no ha sido así». «Es importante que no se produzca trasiego de personal. Ahora hay condiciones de confianza e idoneidad, puesto que existe un equipo sólido y permanente», afirmó.

Esta continuidad en la labor del personal judicial ha permitido que las secciones primera y segunda tarden únicamente «tres meses» en resolver un asunto desde que se registra en la Audiencia.

Distinta es la situación en los juzgados de lo penal de Castellón, donde la carga de trabajo es cada vez mayor y los tiempos de espera desde que se recibe un asunto hasta que se resuelve «están próximos al año», según Domínguez.