ENTRE LA UNIÓN Y EL COLAPSO

Cerca de 50.000 expedientes acumulados. Se dice pronto pero, además de decenas de papeles unidos con clips y grapas y distribuidos por miles de carpetas, son también 50.000 casos judiciales pendientes de resolución. Una cifra enorme que sólo muestra lo que todos ya saben en la provincia de Castellón: los juzgados están saturados y no hay dinero para ponerle remedio a la situación.

La sempiterna crisis, las deudas y la escasa financiación agobian a una administración autonómica, la valenciana, que ya no sabe hacia dónde mirar ni que agujero tapar primero para evitar que siga entrando más caudal en un sistema que ya hace aguas y que da para pocas inversiones más hasta que no logre saldar compromisos pendientes. Una situación que se repite como si se mirara en un espejo en todas las áreas y en donde no iba a ser menos la Justicia.

Lo malo es que aquí el problema viene de largo y al colapso que ya sufrían los juzgados provinciales ha venido a sumarse el empeoramiento de la crisis, los cambios en la administración y, sobre todo, la aplicación de las severas políticas de recortes.

De hecho, el dato de los 50.000 expedientes procede de las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que no dejan en muy buen lugar el sistema judicial de la provincia, que sigue siendo, al igual que en 2010 y en 2011 uno de los más colapsados de la provincia, en segunda posición.

Las causas de esta situación, por otro lado, también están muy claras: falta personal y faltan juzgados, pero no hay dinero suficiente como para contratar a nadie ni, mucho menos, abrir nuevas salas. La crisis es lo que tiene.

Al contrario, este mismo mes de enero, una de las medidas implantadas por la Generalitat Valenciana fue reducir la jornada laboral en un 30 por ciento de un interino por cada uno de los juzgados valencianos. Con esto se ahorran, sí, una parte del salario de estos trabajadores. Sin embargo, la consecuencia más directa será aumentar, todavía más, el retraso en la tramitación de los expedientes.

Así, «la mesa en la que trabajan estas personas va a estar mucho más parada y, por consiguiente, los asuntos también se tramitarán con más lentitud», como ya avanzaba el juez decano de Castellón, José Luis Conde-Pumpido.

De hecho, según los datos facilitados ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la mayoría de los juzgados del partido judicial de Castellón han reducido su actividad con respecto al mismo periodo del año pasado. El de Primera Instancia, por ejemplo, ha pasado de 3.514 casos a 3.204; el de Mercantil, de 259 a 245; los de contencioso-administrativo, 514 a 367; los de lo Social, de 1.670 a 1.223. Sólo los juzgados de Instrucción, que han pasado de 6.988 a 7.660 casos, y los de lo Penal, de 835 a 910, han visto incrementada su actividad.

Y eso después, precisamente, de que Conde-Pumpido pusiese en relieve a comienzos de este ejercicio otro de los problemas que agravan la situación, como si ya fuera poco el colapso en el que los juzgados están sumidos desde el año 2010. Según las cifras del Decanato, todas las salas vieron incrementada su actividad durante 2011, especialmente las de Instrucción y las que dirimen el derecho Mercantil. Pues desde la caída de la economía no han dejado de dispararse asuntos como despidos, concursos de acreedores o ejecuciones hipotecarias.

También por graves dificultades pasan en la actualidad los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que controlan la ejecución de las penas de cárcel y resuelven todo lo relativo a los internos de los centros penitenciarios y, además, parten ya de un trabajo «desmedido».

Un extremo en el que también hacía hincapié hace unas semanas el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Carlos Domínguez, quien alertaba de la «importante» carga de trabajo a la que se enfrenta el personal encargado de estos asuntos y que provoca que «la resolución de los permisos de salida solicitados por los presos está tardando un año».

Lo mismo sucede con los casos civiles cuya resolución tarda alrededor de año y medio cuando lo ideal serían seis meses.

Sin embargo, estas cifras aún quedan cortas si se comparan con las peticiones de los sindicatos quienes, tras asegurar esta semana que el funcionariado de justicia está «infravalorado», pedían la incorporación en Castellón de 100 trabajadores a los 450 actuales, así como la creación de 15 nuevos juzgados para asumir la carga de trabajo que supera en un 40 por ciento lo recomendado por el CGPJ.

Una mala situación, en general, para la que no se espera una solución cercana. Desde todas las instancias recomienda, para solucionar gran parte de los problemas y agilizar la resolución de gran parte de los expedientes pendientes, la implantación de, al menos seis nuevos juzgados: uno de primera instancia e instrucción, uno de penal, uno de contencioso-administrativo, uno de social, uno de vigilancia penitenciaria y otro de mercantil.

La petición, de todos modos, aunque venía avalada por el Consejo General del Poder Judicial, no se pondrá en marcha, ni este año ni, si la situación económica no mejora, en los próximos. Y es que, como insisten desde la Administración autonómica «no hay dinero para crear más juzgados ni para pagar a más jueces».

Mala noticia para jueces y trabajadores que seguirán, durante los próximos años, sobrecargados de trabajo y a expensas de que puedan volver a pasar por situaciones como la escasez de folios, bolígrafos, o que Correos se niegue a realizar ningún servicio, a parte de la evidente falta de espacio.

Si no hay dinero para jueces, más difícil es encontrarlo para infraestructuras, así que los expedientes y archivos, que ya no caben en las estanterías y cajones llevan años acumulándose en cajas y en montones sobre los escritorios y suelos de los despachos. La más vívida imagen del reiterado colapso.

La última solución propuesta a la que el Consell sí hace buenos ojos para lograr frenar esta situación, sino arreglarla, un poco, es la unificación de los partidos judiciales. En la provincia de Castellón esta medida afectaría, solamente, a los de Nules y Vila-real, que serían un todo. También el CGPJ da su visto bueno en esta búsqueda de medidas que permitan agilizar y dar eficacia a la respuesta judicial, pero los municipios afectados no lo tienen tan claro.

En realidad, alegan desde el Consell, las medidas no serían demasiado notables. Siguiendo, sobre todo, un criterio de cercanía geográfica, se trataría de mantener al personal actual pero dividir las jurisdicciones. La idea es que una de las dos localidades -Nules y Vila-real- aglutine todos los juzgados de instrucción y la restante los de primera instancia, de manera que asuntos penales (para Nules) y los civiles (para Vila-real) quedarían separados.

Aunque el ahorro consiguiente no sería escandaloso, lo cierto es que, si llegara a aplicarse, Justicia se evitaría tener que contratar, en principio, a más personal y evitaría algunos desplazamientos. Por otro lado, según defendía Conde-Pumpido se dotaría a los tribunales de «más eficacia, más especialización y más recursos».

Aún así, por ejemplo en Vila-real, no terminan de estar convencidos y el alcalde, José Benlloch, ya ha mostrado su oposición mientras el presidente provincial del sindicato CSIF, tachaba la idea de «desajustada, precipitada y conllevará graves problemas de ajustes».

Palau de la Justicia

De todos modos, en Vila-real tienen abiertos frentes más importantes, como la finalización del Palau de la Justicia. Los trabajos, de hecho, podrían retomarse «en unas semanas» según aseguraron desde la Conselleria Justicia, alegando que ya se ha dado orden de saldar parte de la deuda que mantiene al administración autonómica, por obras anteriores, con la empresa adjudicataria, por lo que esta podría retomar el proyecto en el momento en que se hagan efectivos los pagos. Un esfuerzo de la Generalitat para continuar invirtiendo en las infraestructuras que tiene 'a medias' y que debería dar por terminado el problema de estas obras, paralizadas desde hace años y al que, en este caso se suma, también el apoyo del Gobierno central que debe transferirá a Justicia 344.970 euros para la culminación de estos trabajos, tal y como contemplan los Presupuestos Generales del Estado, dentro del fondo de compensación de la Generalitat.

Una consignación que forma parte de la partida para infraestructuras judiciales y que el Gobierno debería remitir, en algún momento al Consell. De todos modos, después de tantos años de tramitaciones, problemas y promesas incumplidas ninguna de las principales administraciones implicadas se arriesga a anunciar fechas y el Ayuntamiento toma 'con pinzas' todas las nuevas noticias.

De hecho, según narraban desde Justicia tras conocer la 'ayuda' destinada al Palau, «el contrato de los trabajos incluye gastos plurianuales y, aunque la actuación tiene problemas, cuando éstos se solventen el dinero se destinará a las obras, como estaba previsto».

Eso sí, desde la misma instancia no aclaran cuando se solventarán los 'problemas' y alegaban, sin dar fechas, que «no tiene porque ser inmediato, ahora todo depende de la Conselleria de Hacienda, que es la que, finalmente, tiene que pagar esa cantidad a la empresa para que pueda seguir con su actividad».

La cuestión, sin embargo, es que hasta que no se pague la deuda no podrán retomar los trabajos debido a las dificultades financieras que persiguen a esta empresa desde, prácticamente, el inicio de los trabajos pues la crisis atajó de golpe su capacidad de financiación impidiéndole acabar un trabajo contratado bajo el modelo además, es decir, la empresa se hacía cargo de la inversión de la obra y la administración pública le pagaba la misma, en diez plazos anuales, desde el momento de su finalización.

Parece, sin embargo, que ésta será la última oportunidad antes de que las entidades públicas se vean obligadas a romper el contrato, esta vez de verdad.