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BEATRIZ LLEDÓ ,
Martes, 17 de abril 2012, 13:29
El Gobierno aumentará un 20% el ratio de alumnos por aula. Cada clase podrá pasar de tener 25 estudiantes (el máximo que establece la LOE) a 30 en Primaria y de 30 a 36 en Secundaria. Es una de las seis medidas que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, desgranó ayer en la reunión mantenida con los responsables autonómicos para acometer el recorte previsto de 3.000 millones de euros en la materia. Ahora cada comunidad tendrá que estudiar a qué propuestas se acoge para lograr este ajuste.
La opción de incrementar las aulas será temporal. La consellera de Educación, María José Catalá, aclaró que se trata de una posibilidad, no un imperativo, aunque admitió «que nos da margen para hacer autorizaciones superiores a las que ya estaban permitidas».
Otra medida de carácter coyuntural que anunció Wert durante la Conferencia Sectorial fue el aumento de las horas lectivas, que se fijarán en 20 para el profesorado de ESO. La Comunitat ya ha abierto el debate con los sindicatos de ampliar el horario actual de 18 horas en Secundaria para llegar a las 20. «Ahora se nos da la flexibilidad de aplicarlas en función de las necesidades», apuntó Catalá. De cara a septiembre, la Conselleria de Educación tendría que incorporar 1.200 docentes más debido al crecimiento de la población. El aumento del horario permitirá dejar de hacer estas contrataciones, «lo que no va a afectar a los docentes que ya están en el sistema», apuntó la consellera aclarando que no habrá despidos. Teniendo en cuenta que cada profesor cuesta en torno a 40.000 euros al año, esta medida supondrá un ahorro que ronda los 50 millones de euros.
El ministro admitió que, a través de estas normas, «se está pidiendo un sacrificio importante a los docentes de este país», a los que agradeció su «esfuerzo».
El Gobierno también prevé dos medidas de carácter estructural. En esta línea, las bajas laborales inferiores a diez días lectivas se afrontarán con recursos del propio centro y no se cubrirán con interinos (la Comunitat ya lo aplica). Además, se suspende la obligatoriedad de que los centros oferten, como mínimo, dos de las tres modalidades de Bachillerato (Científico-Tecnológico, Humanístico y Artístico).
Wert reconoció que estas medidas «son la única manera de poner a salvo los elementos básicos del servicio público de la Educación, cuyos cimientos han sido erosionados gravemente por la política irresponsable de los últimos años».
Flexibilidad
Las propuestas, que irán contenidas en un Decreto-Ley, persiguen «no incidir sustancialmente sobre la calidad» y cada comunidad podrá cumplirlas «con marcado carácter de flexibilidad» para que se apliquen según las necesidades de consolidación fiscal.
Catalá agradeció al ministerio, en una primera valoración, que en un momento «tan complicado y difícil como este, establezca medidas que no afectan a la calidad de la enseñanza ni a la docencia».
Otros consejeros autonómicos como el de Castilla-La Mancha, marcial Marín, agradeció «la disposición» de Wert «a salvar la educación porque facilita un paraguas para ser flexibles al acometer estas medidas». El responsable de Educación de Murcia, Constantino Sotoca, destacó que se trata de iniciativas «reversibles».
Fuentes del sindicato STEPV consideraron que las propuestas de ajuste del Gobierno «suponen un brutal ataque a la escuela pública y a las condiciones de trabajo del profesorado».
La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) y el Sindicato de Estudiantes (SE), también se mostraron «rotundamente» en contra de las medidas.
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