El Consell suelta lastre y estudia vender el aeropuerto de Castellón

En medio de la senda de los severos ajustes que el Consell se ha marcado como brújula, la Generalitat está dispuesta a soltar lastre sobre una de las infraestructuras más controvertidas de la Comunitat: el aeropuerto de Castellón. Desde el gobierno de Alberto Fabra se está estudiando vender el aeropuerto a una empresa privada con todo lo que conlleva.

Hasta ahora, y ante la falta de apoyos del Gobierno central desde 2003, se había apostado por una fórmula mixta: la gestión era privada a través de una concesión al conglomerado empresarial Concesiones Aeroportuarias, mientras que la Administración -a través de la empresa pública Aerocas- se encargaba de la promoción y, además, era propietaria de los terrenos.

Pero los conflictos no paran de crecer en torno al aeropuerto y, todos los meses los gastos son fijos. Por poner un ejemplo, los 7.000 euros en luz que cuesta la infraestructura. Y todo en una época de recortes y de austeridad encaja mal. De ahí que la intención de la Generalitat, tal y como ha podido saber este periódico, es que una empresa privada asuma por completo el aeropuerto: el suelo, la gestión, la negociación con aerolíneas y los posibles beneficios.

Una decisión que daría un giro al hasta ahora complejo entramado de connivencia entre una administración pública y una empresa privada. Pese a todo, fuentes de Aerocas insistían en que «siempre se ha dicho que se quiere externalizar la gestión del aeropuerto», si bien desconocían la posibilidad de la venta a un grupo de capital privado, incluida la titularidad de la base.

Pero antes de dar cualquier paso, hay que resolver el cisma abierto por la ruptura del acuerdo con Concesiones Aeroportuarias. La empresa recibió en 2003 a modo de concesión la gestión de la infraestructura con el compromiso de que, en el caso de que no se superaran los 600.000 pasajeros al año, el Consell pagaría 6 euros por cada viajero hasta alcanzar esta cifra.

Sin embargo, tras un amago de ruptura por parte de la empresa (participada en su mayoría por Globalvía), se modificó el acuerdo y se fue todavía más generoso con el capital privado: durante los primeros ocho años de vida de la infraestructura, la administración pública supliría cualquier tipo de pérdida económica. Concesiones alegaba varios elemento para negociar: que la provincia no estaba desarrollada turísticamente, que estaba prevista la llegada del AVE y que las condiciones bancarias habían cambiado en un contexto de crisis.

No obstante, el 30 de diciembre de 2011 el Consell anunciaba la ruptura de las negociaciones después de que la empresa denunciara que este último pacto nunca llegó a firmarse. En ese momento, el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, aseguraba que el objetivo era «externalizar» la gestión y no descartaba un rescate total de la base.

Tras varios meses y declaraciones cruzadas el objetivo del Consell parece que ha cambiado. La Generalitat está negociando con Concesiones para evitar el conflicto judicial y, como ya avanzaba ayer este periódico, asumiría los créditos pendientes de la empresa.

En cuanto a la aportación de 33 millones de los accionistas de Concesiones, el Consell ha revelado que el máximo a pagar van a ser 30 millones, dentro del marco de austeridad previsto. Pide a la empresa que reste los sobrecostes y el precio de la modificación de las pistas de aterrizaje que ahora está pagando Aerocas.

Ayer, la consellera de Turismo, Lola Johnson, insistía en que la Generalitat decidirá cómo se gestiona el aeropuerto una vez finalice el expediente de seguridad en el que se está trabajando. Para Johnson, ese expediente estará «en breve».

Una vez más, la responsable de Turismo dijo que el expediente de seguridad lo «ha asumido Aerocas», tras la renuncia del concesionario. También «en paralelo» la Generalitat está «barajando otras fórmulas de gestión de ese aeropuerto» o bien directamente a través de Aerocas o por la concesión de la gestión, y añadía que el «modelo no es difícil, pues ya existe». Asimismo, hasta que el Consell no defina estos pasos -la venta del aeropuerto- no se obtendrán los permisos de vuelo a la infraestructura.