Un aeropuerto que no funciona, pero que gasta

La terminal está vacía de pasajeros; en sus pistas no aterrizan aviones y, visto lo visto, pasará mucho tiempo antes de que esto ocurra, por lo que el calificativo de 'fantasma' lo tiene bien merecido. Sin embargo, el hecho de que la actividad en el aeropuerto de Castellón sea nula no quiere decir que el recinto no genere una gran cantidad de gastos destinados a conservar la infraestructura para ese ansiado momento en el que empiecen a llegar los vuelos, es decir, los gastos de mantenimiento.

Esos son precisamente los pagos que se quiere ahorrar la Generalitat Valenciana, propietaria del recinto, con la venta del mismo a una empresa privada, una operación insinuada esta misma semana desde el Consell. Así, el delicado estado de las arcas autonómicas aconseja desvincularse totalmente del aeropuerto de Vilanova d'Alcolea, que genera gastos ingentes todos los meses pese a estar parado.

Hasta qué cantidad ascienden estas facturas ha sido un dato que no han revelado desde el gobierno autonómico, aunque se estima que de las arcas del Consell tienen que salir cada año cuatro millones de euros destinados al mantenimiento y conservación de la infraestructura, en apartados como la factura de la luz y del agua, amén de otros como por ejemplo los arrendamientos, los cánones, los costes financieros o los gastos de personal, por nombrar sólo unos pocos.

Y es que el hecho de que el recinto no esté operativo no significa que en su interior no haya actividad, ya que se requiere, por ejemplo, vigilantes de seguridad que impidan la entrada al aeropuerto de curiosos, o personal de mantenimiento que se ocupe del correcto funcionamiento de todos los dispositivos.

Eso sin contar, claro, con los sueldos que la Generalitat tiene que abonar a los trabajadores de la empresa pública Aerocas, promotora del aeropuerto y que, por el momento, ha asumido de forma temporal la gestión del mismo. Sin ir más lejos su director general, Juan García Salas, percibe 84.000 euros al año por su labor al frente de dicha institución.

Es por ello -y porque de momento se duda de la rentabilidad de la infraestructura- que el Consell pretende soltar lastre y ceder la gestión del recinto a una empresa privada lo antes posible. Desde el gobierno autonómico saben que es imposible recuperar la inversión destinada a la construcción del aeródromo, de más de 150 millones de euros, pero confían en, al menos, recuperar unos 50.

Ese podría ser el precio de salida que desde la ejecutiva de Alberto Fabra se le ha puesto al recinto de Vilanova d'Alcolea, aunque es sólo una posibilidad más sobre el futuro de la base, ya que por el momento no existe interés por parte de ningún comprador, o al menos de uno que haya presentado una oferta en firme.

Trámites pendientes

Pero primero son varios los asuntos que el Consell debe liquidar si quiere hacer la infraestructura un poco más atractiva a los ojos de los potenciales compradores. Primero, Aerocas debe pagar las deudas a sus suministradores, para lo que ha solicitado ayuda al Ministerio de Hacienda, ya que se ha unido al decreto de pago a los proveedores .

Otro trámite a cumplir, aunque este ya parece más cercano, es la finalización de las obras de la plataforma de giro. Según manifestaron desde la Conselleria de Turismo, los trabajos estarán completados la semana que viene. Será entonces cuando se podrá solicitar a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) que sus técnicos visiten la base y den su aprobación a que esta obtenga los permisos de vuelo.

En ese momento, los esfuerzos ya se podrán centrar en lo fundamental: cerrar acuerdos con compañías aéreas para que los aviones comiencen a llegar a Castellón más de un años después de lo previsto.