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ALEJANDRO MARTÍ
Lunes, 30 de abril 2012, 11:16
Con unas arcas públicas tiritando y sin haber tocado fondo en el recorte del déficit, las administraciones han optado por no cambiar sus discursos y garantizar los mismos proyectos que estaban previstos hasta ahora pero con una novedad: la entrada de capital privado para construir obras públicas. A cambio, en teoría, el empresario que arriesga su dinero lograría beneficios futuros.
Uno de los mayores ejemplos es el caso del AVE a Castellón que se prevé licitar este mismo mes de mayo. En principio el Ministerio de Fomento tiene prevista para este año una inyección de capital de 30 millones para la provincia. Un montante que serviría para iniciar las obras, tal y como aseguraba la ministra del ramo, Ana Pastor.
Sin embargo, este dinero supone el cuatro por ciento del presupuesto total de construir un ramal de alta velocidad que una Valencia con Castellón. Al margen de la preceptiva inversión que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, el propio Ministerio y Adif confían en la llegada de capital privado que supla la ausencia de inversión pública.
De hecho, la intención es licitar la gran obra a través de tramos a modo de paquetes para que sea más atractivo para el inversor privado. Una modalidad que 'inventó' el anterior responsable de Fomento en España, José Blanco.
No obstante, falta saber qué contraprestación obtiene el empresario privado que arriesga su dinero para construir una infraestructura de este calibre. Se trata de un detalle que debería incluirse en las condiciones de licitación para que los empresarios inviertan. Lo más probable, en este caso, es que luego el grupo inversor rentabilice la propia infraestructura aunque, si se hace por tramos, este objetivo se complica.
Otro importante matiz al respecto es que el estudio que se presentó el año pasado sobre el impacto económico del corredor mediterráneo alertaba de que, para que el AVE a Castellón fuera rentable, debía llegar la alta velocidad hasta Tarragona. Es decir, un tren hasta Castellón no es beneficioso, aunque sí si se conecta Valencia con Barcelona.
Pese a esta premisa, en principio el tramo desde la capital de la Plana hasta Tarragona no está previsto en las ideas del Ejecutivo central.
Pero si hay una infraestructura que ha dado un giro copernicano en los últimos tiempos esa es, sin duda, el aeropuerto. La base que se construyó en Vilanova d'Alcolea nació en 2003 con una fórmula mixta: ante la falta de inversión del Estado (entonces dirigido por José María Aznar) se optó porque fuera una empresa la encargada de gestionar el aeropuerto.
La mercantil pública Aerocas era la responsable de promocionar y desarrollar el producto, que luego sería gestionado por Concesiones Aeroportuarias, con Globalvía como principal accionista. El acuerdo inicial, en plena época de vacas gordas fue que en el caso de que no se alcanzaran los 600.000 pasajeros al año -umbral de rentabilidad-, la Generalitat iba a invertir 6 euros por cada pasajero hasta alcanzar esta cifra. No obstante, los empresarios de Concesiones invirtieron su capital -que se calcula en algo más de 33 millones de euros- para construir la base.
El acuerdo se modificó en 2010 y el Consell garantizaba que durante los primeros ocho años de funcionamiento Concesiones no tendría pérdidas. Es decir, las asumía la administración pública.
No obstante, este pacto nunca se rubricó: Concesiones denunció el incumplimiento de contrato y el Consell rompió la negocación en pos de ahorrar dinero, según aseguran en el Consell. Ahora, tras varias reuniones con la exconcesionaria no queda otra que contar con el papel de una empresa privada que asuma la gestión. Es decir, o bien se vende el aeropuerto o se externaliza la gestión.
Una técnica que la Generalitat también va a aplicarse en el caso de los hospitales públicos tras la decisión del pasado viernes del Consell por la que algunos de los servicios se privatizan aunque, en todo momento, se garantiza que el personal sanitario consolidado y los pacientes no van a notar.
Por otro lado, esta misma semana se daba a conocer que la Diputación quiere crear un clúster de turismo de salud. Se trata de crear una red de clínicas y centros que ofrezcan servicios a gente mayor de 55 años pero, para ello es preciso lograr la inversión de empresas privadas, otra vez. Desde la institución provincial se aseguraba esta semana pasada que ya ha habido contactos con grupos inversores para ello.
Y por último, la Ciudad de las Lenguas. El megacomplejo que pretende captar el turismo de idiomas y que, como primer paso, el Ayuntamiento de Castellón ya ha iniciado el proceso de expropiar los terrenos del Aeroclub, donde se pretende construir el grupo de edificios a primera línea de playa.
Sin embargo, el proyecto también está supeditado a la inversión de empresas privadas a las que les atraiga el planteamiento.
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