Las universidades gastaron en dos cursos 7 millones en prejubilaciones

El Tribunal de Cuentas ha puesto en tela de juicio los planes impulsados por las universidades públicas españolas para fomentar las prejubilaciones entre su personal docente e investigador a través de incentivos económicos.

La entidad, en una auditoría que difundió ayer la agencia Efe, da un importante toque de atención a las instituciones, al considerar que este tipo de iniciativas «suscitan serias dudas desde la óptica de la legalidad vigente». Los centros valencianos -salvo la Miguel Hernández- no escapan al varapalo, pues en el informe se dice que entre 2007 y 2009 (dos cursos), se incentivó la jubilación adelantada de 285 profesores con un coste de 6,9 millones que salieron de los presupuestos universitarios, y por extensión, de las arcas públicas. En clave estatal, las instituciones que tenían programas de este tipo gastaron 43,6 millones para prejubilar a 1.446 profesores e investigadores.

El 'Informe de Fiscalización sobre las Universidades Públicas' evalúa detalladamente el proceso de concesión de los incentivos. El documento dice, tras analizar las normas actuales y las que invocan los consejos de gobierno de las universidades, que «lo primero que llama la atención es la ausencia de una norma legal con el rango suficiente que dé cobertura a los procesos de jubilaciones voluntarias con incentivo». Además, se apunta que los responsables universitarios no saben cómo justificar estos pagos, pues se habla de «premios a la jubilación e incluso deciden que se abone con cargo a partidas presupuestarias destinadas a la acción social».

Aunque los planes se suelen centrar en personal docente e investigador, existen salvedades. Se pone el ejemplo concreto de la Universitat Politècnica de València (UPV), que junto a las instituciones madrileñas extendieron esta opción a profesores contratados y a personal funcionario y laboral, con lo que «los problemas de encaje legal se acrecientan».

Los incentivos estaban pensados para los profesores que, cumplidos los 60, habían cotizado los años suficientes para cobrar la pensión máxima, que siempre resultaba inferior a la nómina íntegra que recibían antes de la prejubilación.

Así, la universidad pagaba una cantidad mensual al interesado para cubrir esta diferencia, de manera que este podía recibir una cantidad muy próxima al 100% de su salario. Esta posibilidad se prolongaba hasta los 70 años, edad de jubilación forzosa, a partir de la cual se pasaba a cobrar la pensión reconocida. Al final, llegaban a ingresar en estos diez años hasta el doble de la prestación máxima, según señala el Tribunal de Cuentas.

Dos eran los objetivos de los programas. Por un lado, permitían renovar la plantilla con docentes más jóvenes. Por el otro, suponían un ahorro, pues resultaba más barato contratar a nuevos profesores y pagar el incentivo que seguir manteniendo a un veterano, que por regla general acumulaba importantes complementos salariales por su experiencia adquirida.

Los planes desaparecen

En la actualidad, tanto en la UPV como en la Universitat de València ya no existe la posibilidad de acogerse a la prejubilación incentivada. En el caso de la primera, dejó de ofrecerse durante el curso 2010-11, mientras que en la segunda se acabó con la entrada del equipo rectoral de Esteban Morcillo, según explicaron las fuentes consultadas.

El Tribunal de Cuentas aporta datos muy llamativos, llegando a citar casos de incentivos que alcanzaron los 300.000 euros, si bien se desconoce si se refería a docentes de los campus valencianos.

Además, el informe apunta que el sistema comenzó a ponerse en práctica a principios de la década pasada en algunas universidades y de forma no coordinada, si bien se ha propagado por «una especie de contagio» hasta el punto de que, en 2009, eran 33 las universidades que habían puesto en marcha este tipo programa de incentivos para los profesores mayores de 60 años.

Por último, el Tribunal de Cuentas apunta que «los procesos han tomado plena vigencia en vísperas de la crisis o en plena eclosión de la misma, cuando esta ha comportado enormes sacrificios para un buen porcentaje de los ciudadanos y, en concreto, para los funcionarios».