Los recortes incrementan un 25% las quejas a la Sindicatura de Greuges

Los recortes provocados por la crisis han derivado en un aumento de las quejas que los valencianos han presentado este año ante la Sindicatura de Greuges. En concreto, las denuncias han aumentado un 25% hasta llegar hasta las casi 12.000 solicitudes. Esos son los datos que se contemplan en el informe del órgano que ejerce como defensor del pueblo valenciano en su ejercicio del 2011. Ayer, el síndic, José Cholbi, le hizo entrega de la memoria de la institución al presidente de Les Corts, Juan Cotino.

En el informe se recogen 11.878 quejas, de las que 23 se han incoado de oficio. Además, se han atendido 16.787 por parte de la Oficina de Atención Ciudadana, un 42% más que en 2010.

Las materias que más preocupan a las personas que en 2011 han acudido a la institución han sido las relativas a infraestructuras, empleo, colegios profesionales y comunicación audiovisual, con 5.693 quejas; el uso del valenciano , 1.938; ayudas derivadas de la Ley de la Dependencia, 1.254 quejas; y urbanismo y vivienda, con 459 quejas. En materia de medio ambiente se han presentado 437 quejas; sobre educación, 325; en servicios sociales, 249; respecto a sanidad, 214 quejas; y en cuanto a los asuntos relacionados con los servicios prestados por los ayuntamientos , 369 quejas.

Otra de los apartados que más ha aumentado es el de las denuncias relativas al funcionariado. La Sindicatura ha atendido un total de 222 quejas relativas al empleo público en 2011, la mayor cifra de los últimos años. En concreto, en 2007 se presentaron 186 quejas, en 2008 fueron 151; en 2009, 125; y en 2010 ascendieron a 213 quejas.

En el ejercicio al que hace alusión el informe, el síndic, al igual que en los últimos años, no destaca en la memoria a ninguna administración como «hostil» por no remitir los informes requeridos en el curso de las investigaciones efectuadas o no contestar a sus recomendaciones o sugerencias. No obstante, indica que las administraciones que no han aceptado recomendaciones son los ayuntamientos de Algemesí, Benigànim, Dolores, Eslida, La Vila Joiosa y Meliana y la Conselleria de Bienestar Social.

En el apartado social, entre las recomendaciones, la institución denuncia un «atasco» en las ayudas de la ley de dependencia. Cholbi recalca que las vacantes de profesores «deben ser cubiertas inmediatamente, de manera que, en la medida de las posibilidades de la administración, no exista un período de vacío educativo» e insta también a las administraciones públicas a garantizar «el derecho a una vivienda digna», para lo que pide que adopten las «medidas precisas para ofrecer una solución».