Hasta 3.800 empleados serán despedidos del sector público valenciano

El pleno del Consell aprobó ayer, como adelantó LAS PROVINCIAS, el plan estratégico de racionalización del sector público, por el que está previsto que se reduzca de 66 a 18 entidades públicas. Esta reducción va a motivar que se despidan entre 3.055 y 3.855 empleados, entre el 40 y el 50% de la plantilla.

Entre estos despidos no se contabilizan los alrededor de 1.200 que se prevén en Radio Televisión Valenciana y los que puedan aplicarse en la Agencia Valenciana de Turismo, ya que ambas corporaciones no se incluyen en el proceso de reforma del sector público autonómico.

El ahorro que supondrá la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo llegará, según calcula la Conselleria de Economía, hasta los 100 millones de euros. Pero no será hasta cuando se estudie caso por caso, en el momento de realizar «el ajuste fino», como dijo el conseller de Economía, Máximo Buch, cuando se sepa el verdadero alcance.

Buch aseguró también que la aplicación del plan estará terminado a finales del próximo mes de diciembre. La nueva situación del sector público conllevará unos ahorros de hasta 215 millones.

La nueva estructura del sector público quedará configurada por 18 entidades, aunque a estas habrá que sumar cinco sociedades en las que la Generalitat dispone de una participación minoritaria. Esto supone, según afirmó el conseller, la reducción de dos tercios de las empresas públicas existentes en la actualidad.

El sector público tenía el año pasado más de 80 entidades, recordó Buch. Ya hubo un recorte y se llegó a las 66 actuales: 21 son entidades de derecho público, 24 sociedades mercantiles y 21 fundaciones.

De estas, ocho quedan excluidas del sector público para convertirse en entes privados, como son el Patronato del Misteri d'Elx, la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, las sociedades mercantiles Agriconsa y Tissat, la Fundación de Estudios Bursátiles, la Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola, Feports y la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo. Otras 35 entidades o se funden dentro de las estructuras de las distintas conselleries o se integran en otras entidades.

La Agencia Valenciana de Movilidad, el Instituto del Paisaje y Desarrollos Urbanos de Viviendas se integran directamente en la estructura de la Conselleria de Infraestructuras. De Sanidad dependerán la Fundación para el Estudio a las Drogodependencias, el Centro Superior de Investigación en Salud Pública y la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria. La Conselleria de Turismo se queda con el Consell Valencià de l'Esport, la Sociedad Proyectos Temáticos y la Fundación de las Artes. La de Educación asumirá la gestión de la Fundación del Servicio Valenciano de Empleo.

Aquellas entidades que se integren directamente en la administración autonómica muy probablemente sufrirán el adelgazamiento «por las sinergias que se generen» entre la administración propia de las conselleries y las de las empresas que se absorban.

La corporación pública empresarial valenciana será la entidad de derecho público que controlará las seis áreas en las que se agrupará lo que reste de sector público: Cultura, Arte y Ocio, que se llamará Cultur Arts; Movilidad y Transporte (será sólo para Ferrocarrils de la Generalitat, que pasa a convertirse en entidad de derecho público); Medioambiente y Gestión de Residuos; Sanidad y Bienestar Social; Innovación, Competitividad e Investigación; y Promoción, Construcción y Gestión de Infraestructuras.

Estas áreas integrarán 18 entes, de las que siete son entidades de derecho público, cinco son sociedades mercantiles y media docena son fundaciones, a lo que se añadirán otras cinco mercantiles con participación minoritaria de la Generalitat.

El aeropuerto, gratis

Sobre las cinco sociedades mercantiles con participación mayoritaria del Consell (La Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Ciudad de la Luz, el Circuito del Motos, Valenciana de Aprovechamiento Energético y de Residuos y el aeropuerto de Castellón), la intención del Consell es poder inyectar capital privado en estas entidades.

Císcar reconoció que el Consell está dispuesto a privatizar totalmente el aeropuerto. Fuentes del Gobierno valenciano apuntaron que incluso estarían dispuesto a regalarlo si eso supusiera dejar de gastar dinero público en esas instalaciones.