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MARTA HORTELANO
Martes, 29 de mayo 2012, 22:58
Es un afamado empresario turronero, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y, hasta hace meses, miembro del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Eso sí, de balances, cuentas y demás números, poco. «No estoy preparado para revisar balances, ni tenía tiempo para hacerlo», aseguró ayer ante la comisión de control de la entidad en Les Corts José Enrique Garrigós. La sinceridad del exconsejero abrumó a los portavoces parlamentarios, que asistían atónitos a la declaración de ignorancia en la que el compareciente presumía de no saber «ni leer un balance». Pero para repartir responsabilidades, se esmeró en dar cuenta del perfil de algunos otros miembros del consejo entre los que había «una cajera de supermercado, o un sociólogo». No es de extrañar si hace dos semanas era el propio presidente de la CAM, Modesto Crespo, quien reconocía que no tenía «preparación» para el cargo y que, además, lo aceptó porque era «institucional y no ejecutivo». Si no hubiera sido así, «no lo hubiera aceptado», llegó a afirmar.
La cosa tiene más inri, porque Garrigós llegó a asegurar que el famoso requerimiento del Banco de España (BdE) en el que se alertaba a la entidad de su mala situación, meses antes de su intervención, no sólo no fue leído en la reunión del consejo de administración, sino que «ni conocía el requerimiento», ni le «sonaba ninguna circular cuatro» (el famoso papel de condiciones crediticias que marca la entidad nacional). De hecho, Garrigós llegó a decir que el consejo de ese 21 de diciembre, en el que supuestamente se debió dar cuenta de los avisos de inspección del Banco de España» fue tan normal que después nos fuimos todos a comer a un restaurante.». «Si hubiera habido una carta contra la dirección general, yo no hubiera comido con ellos», señaló. Los diputados no daban crédito a las afirmaciones del exconsejero, que con sus declaraciones dejaba entrever una posible falsificación de las actas del consejo, en las que sí aparecía reproducido de manera íntegra el requerimiento. El empresario llegó a decir que se extrañó de que «con la que estaba cayendo» la caja tuviera beneficios, pero la noticia le parecía «fenomenal» porque los auditores así lo contestaban y él así se lo creía. «Puse los cinco sentidos en ayudar a la CAM. Pero el final fue doloroso», sentenció».
Poco antes, le había llegado el turno al expresidente de la comisión de control de la caja, Juan Ramón Avilés, que atribuyó la intervención de la caja a la «ruptura del SIP, dirigido por el Banco de España». Avilés desvió la atención a la entidad nacional, de la que dijo, su inspección jamás se había dirigido a la comisión de control en su cuatro años como presidente. Del Banco de España es, por tanto, la responsabilidad de la caída de la caja, según el murciano. «¿Cómo pretenden que la comisión controle entonces a un banco?», llegó a reconocer sin rubor.
Respecto al famoso requerimiento del Banco de España en el que se avisaba de la mala situación de la entidad, Avilés también tuvo palabras para el escrito. La comisión de control se celebraba siempre inmediatamente después de las reuniones del consejo. Allí, los directivos daban cuenta de lo tratado. Pero en el caso del requerimiento, la exdirectora, María Dolores Amorós, «no lo leyó de forma íntegra, lo hizo de manera apresuradísima, desvirtuando el grave contenido de la misma, con eufemismos e incumpliendo el deber de dar lectura integra», declaró.
Ya en la sesión vespertina, el exvicepresidente de la comisión de control de la CAM, Juan Hernández, preguntado por los grupos sobre la cuantía de las dietas que todos los miembros de la comisión se control se fijaron por «hacer un seguimiento» de las participadas de la CAM, aseguró que «fueron perceptores pasivos porque no hicieron nada para que les dieran eso». Sobre el importe, aseguró que percibía lo que le ingresaban en su cuenta. Precisamente sobre una de las participadas, TIP, Hernández asegura que se hicieron inversiones «inadecuadas y hasta temerarias», sobre todo en el mundo inmobiliario. «Las entidades más ambiciosas fueron las más castigadas y la CAM fue de las más ambiciosas». Eso sí, se quejó de que se haya trasladado la imagen de que las oficinas de la entidad engañaban con las cuotas participadas. «Los engañados, si ha habido alguien, hemos sido nosotros. No hubo mala fe».
En el último turno, una exconsejera, Susana Maestre, llegó a reconocer que se sintió «engañada» por los directivos de la caja y aseguró que se enteró de la ruptura del SIP «por la prensa».
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