El PSPV de Gandia planea llevar a la Fiscalía la compra de la Citroën

La empresa de la Citroën de Gandia sigue abierta y funcionando pese a que el Ayuntamiento le ha pagado un millón de euros por la compra del edificio con el fin de construir el retén de la Policía Local.

Los socialistas hicieron pública ayer esta denuncia y amenazaron con llevar el caso a la Fiscalía si no obtienen las explicaciones del gobierno municipal de por qué la Citroën todavía no ha cedido el edificio a la ciudad.

El principal partido de la oposición sospecha que el ejecutivo local podría incurrir en los delitos de trato de favor, abuso de poder y financiación irregular.

Paralización del proceso

El portavoz socialista Vicent Mascarell manifestó ayer que ha presentado por registro de entrada un escrito a través del cual se exige al gobierno la paralización del proceso de expropiación del concesionario; que solicite a la mercantil la devolución del millón de euros; y que se facilite a la oposición todo el expediente administrativo que justifica la adquisición del edificio.

Asimismo, el PSPV reclama que se convoque «de forma inmediata» la comisión informativa competente «para esclarecer el proceso y depurar responsabilidades». Según indicó Mascarell, «hace más de tres meses que el gobierno del PP pagó un millón de euros para una cesión del edificio que, a fecha de hoy, todavía no se ha producido y la empresa sigue con su normal actividad comercial».

En este sentido, el edil denunció «la gravedad de favorecer a una empresa privada inyectando dinero público a cambio de nada en plena crisis económica».

Los socialistas desde el primer momento han vertido duras críticas a la operación económica de la Citroën. El primer paso que Torró realizó fue una declaración de intenciones de compra del edificio.

Un documento que, según Mascarell, «supone una primera irregularidad, dado que si el Consistorio Municipal de Gandia quiere adquirir un edificio, tiene que hacerlo públicamente y con concurso y concurrencia».

Esta primera irregularidad se escondió, a juicio del PSPV, en un convenio de expropiación que los socialistas alegaron desde el primer momento. «Se modificó el PGOU para dar legalidad a un acuerdo que había adquirido Torró con el propietario del edificio antes de las elecciones». Esta fuerza política insistió en la falta de información y de transparencia por parte del ejecutivo local.

Las críticas de los socialistas tuvieron una respuesta inmediata por parte del gobierno local. El portavoz adjunto Guillermo Barber, aseguró que todo el procedimiento de la compra de la Citroën se había efectuado con legalidad y con todos los permisos de la Generalitat Valenciana pertinentes.

Asimismo, subrayó: «Si el PSPV tiene alguna duda de la legalidad de esta acción, que acuda a los juzgados; el problema es que quizá ya no puedan salir de ellos con todos los asuntos que estamos recabando». El concejal popular asegura que se ha facilitado a la oposición toda la información al respecto y que el expediente lo han podido ver en la comisión y en el pleno.

Acta de ocupación

Con respecto a que la Citroën sigue activa pese a haberse efectuado el primer pago hace cuatro meses, Guillermo Barber manifestó que el Ayuntamiento de Gandia todavía no ha podido empezar a ejecutar el retén policial por el retraso de las ayudas del Plan Confianza. No obstante, avanzó que el Consistorio ya posee el acta de ocupación provisional.

El regidor del PP lamentó que los socialistas Pepa Frau y José Manuel Orengo hayan estado desde 2003 anunciando a los gandienses el proyecto del retén de la Policía Local, sin dar un paso real al frente.