El PSPV asegura que no cometió ilegalidades

Los socialistas de Oliva exigieron ayer a la alcaldesa Chelo Escrivá que demuestre con pruebas las graves acusaciones sobre posibles irregularidades en su gestión de anteriores legislaturas.

A esta formación política no le ha sentado nada bien que la dirigente popular señalara que la moción ha sido «un golpe de Estado» para tapar irregularidades urbanísticas, en referencia a Aigua Blanca IV y al expediente de expropiación de la finca Martí-Deveses.

Por este motivo, la portavoz socialista Ana Morell rogó ayer a Escrivá que demostrara cuáles habían sido las presuntas irregularidades porque, según agregaron, hay tres sentencias judiciales donde «claramente» se demuestra que el Ayuntamiento de Oliva actuó correctamente.

«Para el Partido Popular es muy fácil difamar y calumniar de forma totalmente gratuita y basándose en mentiras», subrayaron desde el PSPV.

Asimismo, se dirigieron a la alcaldesa para pedirle que si tiene pruebas de la mala gestión del gobierno anterior, no dude en acudir a los juzgados.

Por contra, desde las filas socialistas recordaron que el Centro de Acuicultura Experimental ha llevado a Escrivá y al exregidor de Urbanismo a la Fiscalía por irregularidades en el proceso de otorgamiento de licencia de actividades del centro hípico, por no ejecutar la orden de paralización de las obras y por, supuestamente, denegar el acceso al expediente y a la información.

Pero hubo más. El PSPV recordó que ha llevado al Ayuntamiento de Oliva a juicio por aprobar una modificación de crédito «de forma ilegal» conforme consta en el informe jurídico del técnico de Urbanismo y la interventora. «Los miembros del PP votaron a favor de la modificación de crédito, siendo conscientes de la injusticia que estaban cometiendo», concluyeron desde el PSPV.