Los despidos del 50% del personal de las empresas públicas serán en octubre

El conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, anunció ayer que los expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectarán a entre el 40 y el 50% de los trabajadores del sector público empresarial de la Generalitat empezarán a «ejecutarse» a partir del próximo mes de octubre.

El Gobierno valenciano aprobó el pasado 25 de mayo el Plan estratégico de racionalización y reestructuración empresarial y fundacional de la Comunitat Valenciana, que reducía en dos tercios el números de firmas públicas, que pasan de 66 a 18 entidades, y supone un ahorro de hasta 215 millones de euros.

El plan, que tiene que estar completado antes del 31 de diciembre, llevará aparejado un ajuste en la plantilla de esos organismos de los 7.555 trabajadores actuales a entre 3.700 y 4.500 trabajadores, lo que supondrá un coste en ERE de unos 60 millones de euros, según los cálculos efectuados por la Generalitat.

Buch, que presentó ayer el convenio suscrito con la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) para financiar la internacionalización de pymes, explicó que a lo largo del mes de septiembre se «culminará la preparación legal» de los ERE, que en estos momentos están «avanzados», y antes del 30 de septiembre «serán lanzados para que se ejecuten en el mes de octubre».

El compromiso del Gobierno valenciano pasa por tener configurado el nuevo mapa del sector público antes del 31 de diciembre. El pasado 12 de julio, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el conseller Buch recordó que a lo largo del segundo semestre de este año «se va a implementar este plan que supondrá pasar de 66 a 18 entes públicos (a los que se suman otros 5 en los que la Generalitat tiene participación minoritaria), lo que supone una reducción de 43 entidades».

La reducción de firmas públicas forma parte también del plan de reequilibrio con el que la administración autonómica se compromete a cerrar el ejercicio presupuestario sin superar el 1,5% de déficit. Y también estaba incluído en el decreto ley de recortes del pasado 5 de enero, donde ya se avanzaba la reducción a seis holdings del total de empresas públicas dependientes de la Generalitat. Esa circunstancia, es decir, el hecho de que la reducción de empresas ya figurara en el decreto ley de enero y en cambio no haya dado demasiados pasos concretos -con independencia del ERE reciénb aprobado en RTVV- a estas alturas del ejercicio ha provocado que algunas voces del propio Consell expresaran en privado su preocupación por el retraso con el que se estaba acometiendo esta reordenación del sector público.

Como respuesta a esas opiniones, el propio Buch señaló en ese comunicado del pasado día 12 que su departamento estaba cumpliendo «en todo momento con la hoja de ruta trazada por el Consell, que está en la línea del Gobierno central, para que el 31 de diciembre esté configurado el nuevo mapa del sector público».

La trascendencia de los plazos con los que se ejecute esta reordenación de empresas públicas puede resultar determinante para el cumplimiento del plan de reequilibrio y el objetivo del 1,5% de déficit. El retraso en la aprobación de los ERE supondría mantener unos gastos que Hacienda habría comprometido como ahorros para hacer posible el cumplimiento del objetivo de déficit. El conseller José Manuel Vela ya trasladó el martes al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, su convencimiento de que la Comunitat cumplirá o casi rozará los objetivos de déficit.

Preguntado Buch por esta cuestión, el conseller admitió que se están produciendo conversaciones en las que la Generalitat ha ratificado su compromiso con el 1,5 por ciento del déficit. «Es un compromiso alcanzable que requiere de unos esfuerzos altos», reconoció.