El Consell consulta con expertos qué tasa de alcohol fijará para los bous

La Conselleria de Gobernación anunció hace un año la idea de que algunos participantes en los bous al carrer -aquellos que presentaran síntomas de embriaguez- tuvieran que pasar un control de alcoholemia antes de participar en el festejo. La propuesta se lanzó a los pocos días de que dos personas fallecieran en este tipo de eventos. Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y habían sido expulsados del recinto.

El departamento autonómico sigue firme en su intención de instaurar la medida porque proporciona más seguridad a los participantes. No obstante, las fuentes consultadas reconocen las dificultades legales y técnicas para llevarla a cabo. En el primer punto, se anunció la idea de que fueron calificadas como eventos deportivos de alto riesgo. Esto permitiría a los agentes practicar las pruebas preventivas de alcoholemia e incluso detenerlos en caso de que dando positivo salgan al recinto. La idea que se baraja ahora consistiría en poner en marcha los controles por el interés general y para evitar que pongan en riesgo a otras personas.

Pero todavía quedan muchos otros flecos pendientes, cuestiones técnicas que están demorando la puesta en marcha de la medida. Una de ellas, por ejemplo, sería establecer qué tasa de alcoholemia se permitiría en los festejos. Evidentemente, lo ideal sería cero. Pero esto supondría, en la práctica, dejar los corredores en un número insignificante. Otra posibilidad sería utilizar los baremos actuales de Tráfico. En cualquier caso, el Consell está consultando con expertos diferentes propuestas para tomar una determinación al respecto. Y no hay un criterio unánime de los especialistas.

En la primera reunión que se trató este asunto se descartó la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas durante el festejo. Sin embargo, en aquel momento el propio conseller Serafín Castellano no lo consideró viable porque perjudicaría a los simples espectadores.

En la actualidad, el reglamento considera como falta grave tanto participar como permitir la presencia «de personas que muestren falta de condiciones físicas para intervenir en los festejos». Eso sí, pese a la prohibición expresa, los agentes no tienen la prueba objetiva de que la persona en cuestión está ebria o drogada, más allá de su apreciación personal. Son los voluntarios, los encargados de impedir que estas personas entren en el recinto y si lo hacen, deben expulsarlos. No obstante, tampoco disponen de autoridad para retener a los infractores.

El presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer, Modesto Martínez, consideró que ya es suficiente el decreto y no ve la necesidad de más medidas en este sentido. «Si se cumple al cien por cien el decreto, que se hace en el 99,9% de los festejos, no vemos qué falta haría eso». Martínez apuntó que sería excederse en el control.

En todo este debate quedaría un tercer punto, determinante en la situación actual de crisis económica. El coste de estas pruebas, tal y como se encuentran las arcas públicas, parece difícilmente asumible. El gasto de las pruebas -compra de material y destinar agentes a esta labor- debería ser asumido por las peñas. En estos momentos, añadir un nuevo desembolso a la organización de este tipo de festejos podría suponer la puntilla de la fiesta en muchos municipios de la Comunitat.