Los vecinos de El Campello se suman a la denuncia contra el alcalde por prevaricación

Las denuncias generadas, de forma directa o indirecta, por la planta de tratamiento de residuos de Les Canyades comienzan a acumularse. A la presentada contra la empresa que gestiona las instalaciones ante la Conselleria y la del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPBL) por prevaricación contra el alcalde, Juan José Berenguer, hay que sumarle ahora otra en la misma línea de la Asociación de Vecinos Afectados por el Vertedero.

Los residentes de la Zona Norte acusan a Berenguer de prevaricación por haber dado orden a la Policía Local de no subir a la planta cuando se recibe una denuncia. Esta nueva acusación se produce además el mismo día en el que el primer edil rompía su silencio para dar cuenta de los acontecimientos sucedidos durante el mes de agosto a cuenta de las instalaciones de Les Canyades ante los medios de comunicación y los vecinos.

El alcalde de El Campello rechaza la denuncia presentada por el sindicato policial y defiende que tras una conversación con el jefe de la Policía Local y el científico de la UMH, Carlos Pastor, quien realiza una auditoría sobre posibles soluciones a los olores, «determinamos que habría que determinar de otra forma las denuncias». Esa otra forma pasa, según Berenguer, porque «se entienden por veraces las llamadas, se tramitan, registran y archivan y, mensual o semanalmente, se trasladarán a la Generalitat y Diputación de Alicante».

«En ningún momento se me dijo que fuese ilegal», alega el alcalde, quien asegura guiarse por los técnicos municipales y ha dejado el asunto en manos de los servicios jurídicos, pese a que «a día de hoy no he recibido la denuncia».

Juan José Berenguer se escuda en el nuevo protocolo de actuación para justificar que los agentes no suban a verificar las denuncias que los vecinos efectúan cuando los efluvios de la planta de residuos se vuelven insoportables.

Los afectados rechazan este razonamiento. Entienden que se trata de una estrategia «para que no se dé cuenta de las llamadas», hecho que constituye gran parte de la base del perito que se incluye en la denuncia presentada contra FCC ante la Conselleria de Medio Ambiente por incumplimiento de la licencia ambiental integrada.

En lo que se refiere a este aspecto, el primer edil manifestó sentirse «preocupado» por las conclusiones que arroja el informe, sobre todo por la recomendación a los vecinos para que abandonen sus casas al hallarse sustancias químicas nocivas para la salud. «Nosotros no podemos pedir el cierre, ya que se trata de una competencia de la Generalitat», advierte Berenguer. No en vano, lo vecinos recordaron al alcalde que la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana otorga al Ayuntamiento la potestad de inspeccionar y sancionar en materia residual.

Desde el Consistorio se ha remitido una carta a la Generalitat para que se aclaren estos aspectos y «que alguien nos diga si tienen razón o no», ya que, según insistió el alcalde, «el objetivo es dar solución al problema que viven los vecinos». Pese a reconocer que desde un primer momento la planta ha generado problemas, también hizo hincapié en que «se trabaja por solventar el problema y se han adoptado medidas desde 2008».

La presidenta de la asociación, Nieves Rodríguez, lamenta que «desde que en agosto se dio la orden, los olores son más intensos. En ningún otro momento desde que se abrió el vertedero lo habíamos pasado tan mal». Es más, el colectivo achaca a esta decisión que se haya generado una situación de desamparo y falta de control que propicia este incremento.

La asociación aboga por la adopción de medidas que palien los efectos del hedor que se desprende de las instalaciones, pues «no podemos vivir desde mayo de 2009, pero ahora es peor». Mientras tanto, el próximo miércoles se volverán a reunir con el alcalde.

Todavía están pendientes de conocerse las conclusiones de la auditoría que lleva a cabo la UMH desde principios de año, de la que tan solo se sabe que se recomienda cambiar el protocolo de las actuaciones policiales. Juan José Berenguer anunció que en septiembre se conocería el documento final.