La Fiscalía no aprecia delito en los médicos que implantaron las PIP

ALICANTE. Mayka Pérez solía mirarse al espejo satisfecha, luciendo pecho con orgullo. Ese mismo pecho se ha convertido ahora en un amargo quebradero de cabeza. Y un problema de salud que la llevará en breve al quirófano. Ana Amat ya pasó por ese trance en febrero de este año. Como Mayka, ella también llevaba dentro unas prótesis mamarias de carácter tóxico. Cientos de mujeres en la provincia, alrededor de medio millón en todo el mundo, se encuentran en la misma situación. Son las víctimas de Poly Implants Prohèse (PIP), una firma francesa dirigida por un empresario avispado y falto de escrúpulos llamado Jean Claude Mas. La Fiscalía de Alicante considera que los médicos que implantaron las PIP no han incurrido en ninguna responsabilidad penal, pues esos implantes contaban para su comercialización con el visto bueno de las autoridades sanitarias de la Unión Europea.

A falta de que se dicte la instrucción de la Fiscalía General del Estado que debe fijar un criterio unánime para toda España, donde se calcula que hay unas 12.000 afectadas, todo apunta a que los fiscales alicantinos no presentarán cargos contra los facultativos y responsables de las clínicas.

Esa es, al menos, la postura por la que se decanta el Ministerio Público en la primera investigación judicial abierta en la provincia por este escándalo sanitario. Máxime después de que un forense haya establecido en un informe que el cirujano denunciado por la paciente se ajustó a la 'lex artis', el conjunto de normas profesionales básica que regulan el ejercicio de la medicina, y no cometió ningún error.

Lo que ocurra con esas diligencias judiciales puede marcar el devenir de los demás casos, ya que todos son muy parecidos. Las PIP están fabricadas con silicona de uso industrial, que sirve entre otras cosas como aditivo para carburantes y es, por tanto, abiertamente tóxico para el organismo humano. De hecho, en Francia ya se han diagnosticado una veintena de casos de cáncer de pecho y varias mujeres han fallecido.

Las prótesis no fueron retiradas del mercado hasta marzo de 2010, después de que tres cirujanos marselleses alertaran a la agencia francesa del medicamento. A miles de mujeres se les rompieron dentro del cuerpo al cabo de cinco o seis años. Ese es el caso de Mayka. Una ecografía detectó que el gel siliconado se había expandido dentro de su cuerpo y generado dos nódulos de tres centímetros cada uno en una de sus axilas.

La denuncia por la que se abrió la primera investigación judicial de Alicante está a expensas del pronunciamiento de la Fiscalía. Está dirigida contra el cirujano que implantó las prótesis a la afectada ocho o nueve años atrás y la Agencia Española del Medicamento.

La perjudicada sostiene que ha sufrido daños físicos y psicológicos como consecuencia de aquella operación. Sin embargo, el forense designado como perito para esta causa ya ha dictaminado que el procedimiento quirúrgico fue el adecuado, de forma que no se podría atribuir ninguna responsabilidad penal por negligencia al cirujano plástico.

En marzo pasado, el juez dio traslado a la fiscal adscrita al juzgado de la documentación para que se pronunciara sobre la posible prescripción de los posibles delitos de lesiones por imprudencia o contra la salud pública. La fiscal consideró que el caso no estaba prescrito porque los perjuicios para la paciente habían aparecido con posterioridad y aún persistían.

El fiscal jefe provincial, Juan Carlos López Coig, se reunió el pasado 13 de marzo con varias víctimas, que se han agrupado en una plataforma y en la Asociación Nacional de Afectadas por Prótesis (Anap) para presentar las denuncias y demandas y exigir responsabilidades a la Administración. Al parecer, algunas de las perjudicadas ya han acudido por su cuenta a la vía civil para reclamar indemnizaciones a las clínicas que las operaron.

Cosa diferente es la vía penal. López Coig les solicitó en esa reunión que le hiciesen llegar un listado de las mujeres afectadas en la provincia y los pormenores de cada caso para tener una idea de la dimensión del problema. También les comunicó que los fiscales estaban pendientes de una directriz de la Fiscalía General del Estado que estableciera los tipos delictivos que podían aplicarse a estos casos y los pasos a seguir, una instrucción que aún no ha llegado.