Castedo admite «conversaciones desafortunadas» con Enrique Ortiz

«Algunas conversaciones sin duda desafortunadas» con el empresario Enrique Ortiz. Esa expresión concentra el único ejercicio de autocrítica que destila el escrito de descargo que presentó el pasado mes de agosto la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ante el TSJ para pedir que no asumiera la investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) .

Esas conversaciones, sin embargo, son «deslavazadas», a juicio del abogado de la alcaldesa, y no tienen «base en hechos posteriores que acrediten que lo dicho se plasmó en alguna realidad». El letrado, Juan José Martínez Albert, se esfuerza en minimizar la trascendencia del contenido de las llamadas telefónicas entre su defendida y el dueño del Hércules, e incluso sugiere que esas palabras fueron tergiversadas por los investigadores al conferirles «un significado diametralmente opuesto a la intención misma de los comunicantes o a su sentido gramatical».

El abogado se detiene en la semántica para explicar que «apaño» no es lo mismo que «amaño», y que cuando Castedo le dijo a Ortiz que le había «apañado lo del APA 9 y también lo del Rico Pérez», se refería a que había solucionado dos problemas, la obligación de construir un vial y la reclamación de una parcela por parte del Colegio Nazaret, Ciudad de los Muchachos», respectivamente.

Para la defensa, la imputación es «tan vaga como las palabras, tan débil como las conversaciones» e incluso «de dudosa admisibilidad constitucional, incompatible con el sistema acusatorio y muy próxima al inquisitivo». En esta línea, recuerda al alto tribunal autonómico, «una condena se ha de basar en hechos delictivos, no en palabras, aunque no sean afortunadas y expresen coloquialmente una idea que no se compadece con la realidad de los hechos».

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunitat Valenciana desoyó sin embargo esos argumentos el pasado 11 de septiembre y anunció que se hará cargo de las diligencias, con Juan Climent como magistrado instructor.

Según el auto, la exposición razonada del titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, aporta indicios racionales de criminalidad que afectan a dos aforados: la propia Sonia Castedo y su antecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi.

En cualquier caso, las alegaciones previas de la defensa de la alcaldesa exhiben cuál será su estrategia de defensa si es llamada a declarar como imputada en las próximas semanas. Ambos diputados autonómicos podrían negarse a contestar cualquier pregunta sobre sus conversaciones con Ortiz con el argumento de que las intervenciones telefónicas vulneran sus derechos al secreto de las comunicaciones.

Así, al menos, lo han expuesto sus respectivos abogados, el citado Martínez Albert y el penalista Vicente Grima. Para el primero, esos 'pinchazos' son ilícitos, pues aunque se realizaron sobre líneas de Ortiz, «la investigación se dirigía contra ella» y Díaz Alperi. Este último va más allá y sostiene que no hay pruebas de que él fuera uno de los interlocutores grabados.

También en el plano formal, como publicó este diario, el defensor de Castedo entiende que los delitos de los que se acusa a su clienta «pueden estar prescritos en su totalidad», ya que ella aún no ha sido imputada y «han transcurrido más de tres años desde su presunta comisión y ninguno de ellos es de naturaleza grave».

En cuanto al fondo de las acusaciones, la regidora ha aportado al TSJ movimientos de dos cuentas corrientes y otros tantos recibos de su hoguera por la entrega de décimos de lotería a fin de demostrar que pagó en efectivo los viajes que realizó con su familia y la de Ortiz a Andorra, viajes que la Fiscalía Anticorrupción y el juez Tejada esgrimen como indicios de un presunto soborno a la dirigente del PP.

Castedo también aporta las facturas giradas por las agencias con las que se contrató el servicio a su nombre y reconoce, como ha hecho públicamente en diversas ocasiones, que mantiene «una relación personal con el señor Ortiz y su esposa desde hace más de quince años, anterior, pues, a que ocupara puestos de responsabilidad política».