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L. N. C.
Jueves, 4 de octubre 2012, 02:27
Nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de Castellón y, una vez más, relacionado con la contaminación acústica. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido un auto por el cual obliga al consistorio a acatar un fallo anterior que instaba a realizar las mediciones necesarias para determinar los niveles de ruido en la zona de ocio de Lagasca, a fin de declararla si procede como acústicamente saturada (ZAS).
En concreto, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, a la que ha tenido acceso Las Provincias Castellón, estima en parte el recurso de apelación presentado en su día por la asociación vecinal Castelló Sense Soroll, al entender que las citadas mediciones no se realizaron conforme la normativa vigente, dado que, entre otras cosas, no se llevaron a cabo «durante tres semanas consecutivas o tres alternas en un plazo de 35 días naturales» tal y como viene exigido por la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica de la Generalitat Valenciana.
Con todo, el magistrado responsable de la sala insta al Ayuntamiento de la capital de la Plana a dar ejecución a la sentencia de 2010 en un «plazo máximo de tres meses» contados desde la notificación de la resolución. Tres meses durante los cuales el equipo de gobierno deberá volver a realizar controles sonométricos en en el entorno formado por las calles Lagasca, Marqués de la Ensenada, Obispo Salinas, Tenerías y avenida Hermanos Bou, al objeto de declarar, si procede, el referido ámbito como zona acústicamente saturada.
Así pues, al Ejecutivo del popular Alfonso Bataller se le complican todavía más las cosas, ya que de un tiempo a esta parte ha tenido que lidiar con los problemas de ruido en otros concurridos puntos de la ciudad como las tascas, el polígono industrial Los Cipreses o el puerto del Grao.
Sin embargo, Lagasca y las tascas son, sin ningún género de duda, los principales talones de Aquiles del ayuntamiento. Y es que precisamente estas dos zonas acumulan gran cantidad de sentencias judiciales contrarias a la Administración local.
Al otro lado está, casi siempre, Castelló Sense Soroll, una entidad vecinal cuyo objetivo es acabar con la contaminación acústica que, dicen, sufre la ciudad. De hecho, no hay que olvidar que, hace apenas una semana, la asociación volvió a denunciar el exceso de ruido en las tascas, declarada zona ZAS en 2010.
Además, también ayer, y además de valorar de forma «positiva» el nuevo fallo del TSJ relativo a Lagasca, Sense Soroll acusó al consistorio de haber «ignorado» una reclamación administrativa presentada el pasado mes de junio en la que se le instaba a tramitar el procedimiento para la declaración de esta zona como acústicamente saturada . Una reclamación a la que se adjuntó, señalan, «un estudio previo realizado por una empresa colaboradora de la Administración y la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que concluye y demuestra que dicho entorno cumple los requisitos que la normativa establece para obtener dicha declaración».
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