El parking público de Velluters se alquilará a los vecinos

Tras una década de dudas administrativas con el aparcamiento ya acabado, la Conselleria de Economía ha decidido sacar en alquiler las 270 plazas del parking subterráneo de la plaza Viriato, donde se sitúa un conservatorio de música y una escuela de danza. Así lo indicaron recientemente responsables del proyecto a miembros de la asociación Amics del Carme, donde se anunció el desbloqueo del eterno proyecto.

El motivo de que no salgan a la venta, indicaron los residentes, es la experiencia fallida que hubo con un parking de promoción pública en la plaza del Árbol, donde «todavía quedan plazas por vender». El alquiler será mensual, con unos precios que irán desde los 35 euros para las motocicletas a los 70 euros para un coche, al margen de impuestos.

En el caso de que los contratos de arrendamiento sean de un año, los vecinos disfrutarán de un descuento del 10%. Los alquileres darán también opción de compra, aunque no se han fijado precios.

A la hora de adjudicar las plazas, la intención es dar preferencia a los vecinos empadronados en Velluters, para abrir después el radio de acción a los residentes del Mercat, el Carmen y parte del Botánico. Lo que sí parece descartado es que se abra un proceso de baremación donde influya la renta o la distancia de la vivienda con la plaza Viriato.

Debido a la urgencia en colocar las plazas, el propósito es simplificar todos los trámites y poder abrir lo antes posible. En principio, la gestión será directa por parte de la Generalitat, aunque fuentes vecinales apuntaron la posibilidad de que se encargue una empresa.

Este aparcamiento procede de un proyecto financiado con fondos europeos, el Plan Urban, que consistió en demoler varios bloques de edificios del mal llamado barrio chino, que fueron sustituidos por equipamientos públicos.

La intención es que las dotaciones sirvieran de atracción al sector privado para rehabilitar viviendas y abrir nuevos comercios, aunque el resultado ha sido desigual una década después. El principal problema del que se quejaban los residentes, la prostitución callejera, sigue vigente a pesar del incremento de las patrullas policiales.

El Ayuntamiento tiene pendiente una ordenanza que sancionará la prostitución, aunque el consenso político está roto para aprobarla. El gobierno municipal plantea multar a clientes y prostitutas, aunque sea por desobediencia a la autoridad, mientras que los grupos de la oposición rechazan esta opción.