Gandia lleva a Orengo y Boix a la Fiscalía por desvío de fondos públicos de 5 millones

Un calco del 'caso Malaya' en Gandia». El alcalde popular Arturo Torró empleó ayer esta comparación para anunciar que el Ayuntamiento presentará toda la documentación del edificio Innova a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y a los Juzgados para que investiguen un presunto desvío de las ayudas de 5,1 millones de euros que otorgó en 2008 el Ministerio de Industria. La subvención iba destinada al edificio Innova, un centro de investigación impulsado por el Consistorio y la Universitat Politècnica de València, pero se sospecha que podría haberse empleado para otros menesteres. Torró aseguró que ese montante ha desaparecido de las arcas municipales.

El ejecutivo popular presentará el lunes una denuncia penal ante los Juzgados al considerar que los anteriores gobernantes, los socialistas José Manuel Orengo y Alfred Boix, y Fernando Mut, de Plataforma de Gandia, han podido incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la hacienda pública por fraude de subvenciones. Ante las sospechas de las irregularidades que planeaban sobre el edificio del Grau, diseñado por el arquitecto Peter Eisenman, el gobierno popular contrató hace nueve meses a la empresa jurídica Uría Menéndez para que confeccionara un informe.

«Indicios de delito»

Este documento ha resuelto ahora que ve «claros indicios de delito» en la actuación de la cúpula del PSPV. La auditoría señala que los socialistas pagaron 3,4 millones de euros a la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) para que redactara el proyecto del edificio Innova, construirlo y equiparlo. El Ayuntamiento, según el informe jurídico, adelantó irregularmente el pago de esa cantidad a IPG. El ministerio llegó a reclamar a Gandia los cinco millones de euros. La construcción del centro de investigación se inició en 2010, pero se paralizó y ahora apenas se atisba la estructura del edificio. Quien sí cobró fue Eisenman, que se embolsó por el proyecto 320.000 euros. Orengo respondió que el dinero estaba en la empresa pública, pero que había sido el propio Torró quien lo había utilizado para los grandes conciertos o la compra de boleras.

Por otro lado, los socialistas reaccionaron a estas acusaciones anunciando que iban a denunciar a Torró ante la Fiscalía de Corrupción por la compra del edificio Citroen.