El lago podrido

Cuando, años atrás, se quemaba la paja residual de los arrozales de la Albufera, tras la siega y recolección del grano, arreciaban las protestas ciudadanas, sobre todo de Valencia capital, pero también de diversos pueblos de L'Horta y La Ribera, porque la molesta humareda inundaba a menudo calles y casas. Ahora ya no se quema la paja, se deja pudrir en los campos, que vuelven a inundarse de agua tras la siega. No hay humo, pero para algunos es mucho peor. Las poblaciones más próximas al lago y el arrozal se inundan de un hedor insoportable, las aguas se ven putrefactas, aparecen animales muertos y arrecian de nuevo las quejas, tanto por las molestias como por el evidente temor al daño medioambiental. Hasta el turismo se resiente en la zona.

Los alcaldes de El Perelló y El Mareny de Barraquetes, Miguel Fos y Jordi Sanjaime, han decidido unir fuerzas y transmitir la grave situación de sus poblaciones a la Conselleria de Medio Ambiente para que «se adopten soluciones». Aseguran que «la alarma social generada por esta pestilencia, que se repite cada año, está traduciéndose en una protesta social continuada y es preciso hacer algo para remediarlo».

Sin embargo, el remedio es bien difícil. No es que no tengan razones, porque los hechos son evidentes y basta darse una vuelta por estos parajes, teóricamente idílicos en otro momento, para comprobar que toca taparse las narices y que es de lamentar cómo se ve de oscura el agua de canales, campos y lago. Hasta se nota en las persianas de las casas, según señala Fos, «donde se deposita un extraño polvillo negro que da asco, y más si piensas que lo mismo vas respirando por ahí».

No, las cosas son como son y tienen razón en sus protestas. Pero la solución es complicada, por no decir que prácticamente imposible, hoy por hoy.

La clave está en las ayudas de la UE al cultivo del arroz y las condiciones que impone Bruselas para repartir unos 470 euros por hectárea (12 hanegadas). Un dinero que es vital para asegurar la viabilidad del cultivo. A 28 o 30 céntimos que le pagan el arroz al agricultor (unos 600 kilos por hanegada), los ingresos no compensan los gastos; no es rentable. Sólo las ayudas oficiales permiten que los productores puedan levantar cabeza y seguir adelante.

A cambio, la Comisión Europea obliga a que no se queme la paja, como se hacía antes, sino que se triture in situ , se inunden los campos de nuevo y se deje pudrir. Es lo que desde Bruselas consideran que es más racional, desde el punto de vista biológico y ecológico. Lo ven así desde Bruselas, pero con la aquiescencia de autoridades autonómicas que lo consintieron o incluso propusieron y que, en todo caso, firmaron el compromiso. Un compromiso que obliga a miles de agricultores, a quienes no consultaron, y a vecinos que no tienen nada que ver con el asunto pero acaban sufriendo las consecuencias de los malos olores.

Tiene la cosa mal arreglo porque se trata de un compromiso con la UE para una duración de seis años, y quedan tres. Aparte de que no está nada clara una posible alternativa mejor para después. ¿Vover a quemar? En Bruselas no quieren ni oir hablar de fuego. Para ellos se trata de rastrojos e interpretan que quemar rastrojos es un riesgo de incendios forestales. Da igual que aquí no sea el caso, salvo en la pequeñísima zona más próxima al Saler. El resto, rastrojos rodeados de agua.

De todas formas, el humo ya molestaba antes. Los agricultores dicen que quienes se quejaban cuando se quemaba la paja, se quejan también ahora que no la queman, por lo que no saben a qué atenerse. En todo caso esgrimen un razonamiento claro: «Que nos digan qué debemos hacer y lo haremos, pero que sea viable».

Los alcaldes Fos y Sanjaime proponen «que recojan la paja del campo y se la lleven». Pero tampoco vale. ¿Quién lo paga? En los últimos lustros se han sucedido estudios, propuestas y proyectos de todas clases para hacer cartón, piensos, electricidad, biogás... Y todo se ha demostrado inviable, después de malgastar millones de euros.