Hernández Mateo culpa a un técnico fallecido de la contrata de basuras

Hernández Mateo, diputado del PP y exalcalde de Torrevieja, salió del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) más relajado que cuando, tres horas antes, había entrado para sentarse en el banquillo. No eludió las preguntas de la fiscalía ni de la acusación popular en el primer episodio de la vista oral de un tribunal presidido por Pilar de la Oliva, presidenta del TSJ.

Su estrategia era dejar claro que él era el alcalde, que firmaba los decretos que le ponían delante los funcionarios porque confiaba en ellos, pero no era el responsable de resolver el concurso de la contrata de basuras. De ese proceso responsabilizó al aparejador municipal ya fallecido, Emilio Gómez Jover.

La fiscalía y la acusación popular achacan al que fuera alcalde de Torrevieja durante 24 años dos delitos de prevaricación y uno de falsedad documental por dos supuestas contrataciones irregulares: una, la de fichar un despacho de abogados sin pedir presupuesto a otros dos para realizar un informe que ayudara a dirimir qué empresa contratar para recoger y tratar la basura -el bufete, además, tenía relación con la compañía adjudicataria-. La otra, la designación de la empresa, con un contrato de 9,7 millones anuales durante 10 años.

Al achacar Hernández Mateo la responsabilidad al técnico fallecido, el fiscal solicitó que se leyera una declaración judicial de éste. En ella el aparejador reconocía que era favorable a la empresa adjudicataria, pero afirmó que no intervino en la elección del despacho de abogados. Ante ello, el exalcalde dijo que de ese proceso se habrían encargado otros funcionarios.

La fiscalía y la acusación popular no consiguieren penetrar en el fondo de la cuestión: si había algún interés del alcalde en elegir a determinada empresa, en este caso la UTE que encabezaba Necso. Se centraron especialmente en los informes que elevaron altos funcionarios del Ayuntamiento.

Sobre los supuestos informes negativos, el abogado defensor puso en evidencia que el elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente no era contrario sino que no se pronunciaba. El realizado por el arquitecto municipal no era partidario de dejar desierto el concurso, lo mismo que el preparado por el oficial mayor del Ayuntamiento. Y el que presentó la secretaria de la Corporación no se refería a la empresa adjudicataria, sino a otra de las que concurrió.

El teniente fiscal del TSJ, López Ebri, ha solicitado tres años de prisión y 21 de inhabilitación como cargo público al exalcalde, además de una multa de 30.000 euros. La acusación popular, nueve años de inhabilitación y cinco de prisión y una multa de 6.000 euros.